Malvinas: el Reino Unido mueve una ley de 1980 para blindar a las petroleras que perforan al norte de las islas

El gobierno británico redobló la apuesta en el conflicto por los recursos de Malvinas: anunció que aplicará una norma de 1980 para proteger a las empresas que explotan hidrocarburos en las islas, en respuesta directa a la presentación que Argentina hizo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

La medida apunta a sostener al proyecto Sea Lion, que llevan adelante la británica Rockhopper y la israelí Navitas en aguas al norte del archipiélago, y que el gobierno de Javier Milei cuestionó ante la justicia internacional con sede en Hamburgo.

Qué dice el comunicado británico

El texto oficial del gobierno laborista arranca con una advertencia: "El Gobierno del Reino Unido introducirá nuevas medidas de protección en respuesta a las medidas internas argentinas dirigidas a actividades relacionadas con las Islas Malvinas".

Según el comunicado, esas medidas "protegerán a las empresas y a los ciudadanos británicos frente a las medidas internas argentinas de alcance extraterritorial".

El escrito también sostiene que "el Reino Unido reafirma su apoyo al derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a la libre determinación y al desarrollo económico".

El gobierno de Keir Starmer —o de quien encabece el Ejecutivo británico al momento de la publicación— precisó que prepara medidas en el marco de la ley de Protección de los Intereses Comerciales (PTI), y subrayó que no dudará en proteger a sus empresas y ciudadanos. Además, calificó de "lícitas" las actividades del proyecto Sea Lion.

Qué es la ley PTI que invocó Londres

La Protection of Trading Interests es una norma británica de 1980 pensada para blindar a personas y compañías del país frente a leyes, fallos o requerimientos extraterritoriales de terceros países que afecten intereses comerciales británicos.

Ya se usó antes en casos como las sanciones de Estados Unidos contra Cuba e Irán, que golpearon intereses del Reino Unido. La ley faculta a las empresas a no cumplir con eventuales sanciones y a reclamar indemnizaciones cuando se ven perjudicadas por esas decisiones.

El comunicado aclara que el objetivo no es restringir la actividad comercial lícita de firmas británicas o radicadas en el Reino Unido con Argentina, sino protegerlas de verse obligadas a acatar medidas extraterritoriales dirigidas contra actividades legales vinculadas a las islas. También señala que el gobierno mantiene una colaboración estrecha con las empresas afectadas para brindarles apoyo.

Las voces del gobierno británico

El secretario de Estado de Empresa y Comercio, Jonathan Reynolds, fue tajante: "Esto deja claro, sin lugar a dudas, que este Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial lícita del Reino Unido".

El ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, sumó: "El apoyo del Reino Unido a las Islas Malvinas es firme".

Con tono duro, el texto afirma que "los intentos de Argentina de intimidar a empresas y particulares que realizan actividades comerciales legítimas son inaceptables", y agrega que "las compañías deben tener libertad para tomar decisiones comerciales lícitas sin verse amenazadas por coacciones políticas".

Londres también fustigó los "intentos de Argentina de coaccionar a empresas que desarrollan actividades lícitas" y advirtió que "continuará evaluando todas las opciones disponibles para proteger los intereses del Reino Unido y apoyar a los habitantes de las islas".

La presentación argentina ante el Tribunal del Mar

El gobierno de Milei había anunciado este martes que solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar los trabajos de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

La medida fue informada por la Oficina del Presidente, que sostuvo que busca proteger los recursos naturales e impedir que las acciones británicas agraven la disputa sobre las islas.

El reclamo lo llevó adelante el director de la consejería legal internacional, Mario Oyarzábal, después de que venciera el plazo de dos semanas que la diplomacia argentina le había fijado al Reino Unido para detener Sea Lion. También participaron de las consultas previas funcionarios de la Procuración del Tesoro, que encabeza Sebastián Amerio, y de la Secretaría Legal y Técnica.

El cruce por Interpol

En paralelo a la presentación judicial, el gobierno británico envió una solicitud a Interpol para que rechace eventuales pedidos de Argentina "para detener a personas" vinculadas al proyecto Sea Lion.

Según el diario británico The Guardian, Londres mandó una carta a la sede de Interpol en Lyon argumentando que las solicitudes de "notificación roja" presentadas por Argentina —entre ellas contra ciudadanos británicos— deben considerarse motivadas por razones políticas.

El mismo medio consignó que al gobierno británico le preocupa lo que diversas fuentes describieron como un intento de intimidar a personas y empresas para disuadirlas de operar en las Malvinas.

Desde la Cancillería argentina dejaron trascender que la estrategia británica de "demonizar" al país y mostrarlo como "el malo de la película" es falaz. Negaron que se haya presentado algún pedido de detención contra los ejecutivos de las empresas del proyecto Sea Lion.

En la nota de The Guardian aparece además una declaración de Andrea Clausen, directora ejecutiva del gobierno de las Malvinas, quien confirmó que el uso de Interpol por parte de Argentina suponía "una amenaza", aunque agregó: "Cabe esperar que Interpol no tome medidas necesariamente".