Malvinas: el tribunal que puede frenar el petróleo ya tiene fecha para decidir
La Argentina pidió frenar un proyecto petrolero que podría extraer más de 300 millones de barriles en Malvinas, y el tribunal que debe decidir ya tiene fecha. Lo que está en juego toca el bolsillo de todos y el mes clave no es el que muchos esperaban.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) anunció este martes que el sábado 28 de noviembre dará a conocer su veredicto sobre las medidas provisionales que pidió la Argentina para detener el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La noticia la dio el presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga, al cerrar la segunda y última audiencia en Hamburgo, Alemania.
Con esa fecha, los jueces tendrán 17 días para deliberar sobre el planteo argentino, que expuso sus argumentos orales esta misma mañana. La definición llegará con relativa celeridad: el tribunal no tiene un plazo fijo para pronunciarse y, como antecedente, en el caso de la Fragata Libertad la resolución tomó unas tres semanas.
Qué le pidió la Argentina a los jueces
En su alegato final, la delegación argentina reclamó cuatro medidas cautelares: impedir el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion; prohibir el uso de la información obtenida durante la exploración de recursos naturales; permitir la participación argentina en la protección del medio marino en la zona en disputa; y exigir al Reino Unido que se abstenga de tomar nuevas decisiones que agraven el conflicto.
El eje del planteo fue la urgencia. El jurista neerlandés Nicolaas Jan Schrijver advirtió que “una vez se haya perforado el primer pozo de explotación, ya no habrá ningún statu quo que preservar”. Y remató: “Sólo este tribunal puede actuar a tiempo para evitarlo. Si no es ahora, nunca lo será”.
El proyecto que quiere frenar
Schrijver detalló que el proyecto, cuya inversión definitiva se aprobó en 2025, será ejecutado por la petrolera israelí Navitas (65%) y la británica Rockhopper (35%). El plan contempla extraer más de 300 millones de barriles de petróleo en 30 años, con hasta 26 pozos y un sistema de producción instalado en el lecho marino.
Para la delegación argentina, el daño sería irreparable: la plataforma continental quedaría modificada de manera permanente y ninguna resolución posterior podría revertirlo.
La controversia de fondo
El jurista Marcelo Gustavo Kohen aclaró que la Argentina no le pide al tribunal que se expida sobre la soberanía para ordenar las medidas provisionales. Sí recordó que las islas siguen en la lista de territorios no autónomos de la ONU pendientes de descolonización, y citó la resolución 31/49, que insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales mientras dure la disputa. También cuestionó que los alegatos británicos no mencionaran la existencia de la controversia, a la que describió como “el elefante en la habitación”.
El asesor legal de la Cancillería y agente argentino ante el tribunal, Mario Oyarzábal, sostuvo que el país acreditó los cuatro requisitos para dictar medidas provisionales: competencia prima facie, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo real e inminente de perjuicio irreparable y urgencia. Rechazó, además, que el Reino Unido plantee el caso como un litigio sobre soberanía, y reiteró la oferta de negociar “todos los aspectos” de la controversia.
Lo que viene
Fuentes de la delegación argentina señalaron que el pedido busca obtener medidas provisionales mientras avanza el procedimiento arbitral internacional ya iniciado, y que el reclamo “no comienza ni termina con esta resolución”. Agregaron que el país seguirá usando las herramientas jurídicas y diplomáticas a su alcance.
La delegación argentina en Hamburgo estuvo integrada por Oyarzábal; la embajadora en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy; el asesor jurídico Agustín Giustiniani; y los internacionalistas Kohen y Schrijver. Del lado británico participaron los representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, junto con la Attorney General, Ellie Reeves, y los funcionarios del gobierno de las islas Simon Young, fiscal general, y Jack Ford, miembro de su Asamblea Legislativa.
