Malvinas: el viaje a Hamburgo que define el futuro del petróleo, pero una visita lo complica todo

La Casa Rosada avanza en la conformación de la delegación que dirá presente en las audiencias del 10 y 11 de noviembre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania. El objetivo es claro: pedir medidas provisionales que frenen la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas y ponerle un límite al proyecto Sea Lion.

Mientras la Cancillería y los equipos jurídicos que trabajaron en la presentación terminan de cerrar la lista de quiénes viajarán, la atención está puesta en dos nombres que ya quedaron formalizados en el escrito del 13 de octubre.

Quiénes representarán al país

El embajador Mario Oyarzábal, titular de la Consejería Legal Internacional de Cancillería, fue designado agente del Estado. La embajadora Betina Pasquali de Fonseca ocupará el rol de coagente. Ambos figuran en el documento presentado ante el tribunal, aunque esa designación procesal no confirma que vayan a estar físicamente en Alemania durante las exposiciones orales.

En el Ejecutivo ven probable que Oyarzábal participe de las audiencias por su peso en la estrategia jurídica internacional: intervino de lleno en la elaboración del reclamo y es una pieza central de la representación argentina. La composición definitiva de la delegación, igual, todavía no se comunicó de manera oficial.

Las áreas que todavía no definen su lugar

La discusión también abarca a la Secretaría Legal y Técnica, que conduce María Ibarzábal, y a la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio. Los dos organismos colaboraron en la preparación de la presentación y ahora analizan de qué manera estarán representados en la instancia oral.

En el Gobierno aclaran que la presencia de sus máximas autoridades no es indispensable y que todo dependerá de las agendas y de las necesidades del procedimiento. La Procuración, puntualmente, todavía no resolvió si mandará representantes a Hamburgo. La definición sigue abierta, aunque dentro del Ejecutivo consideran que el equipo jurídico que trabajó en la demanda está en condiciones de afrontar las audiencias. La prioridad pasa por garantizar una representación adecuada del Estado sin descuidar el funcionamiento de las áreas que tienen otros asuntos de la administración nacional.

El calendario político que se cruza

La organización de la delegación también está condicionada por la agenda política. Las audiencias coinciden con los últimos dos días de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Milei tendrá actividades institucionales durante la estadía del pontífice, incluido un encuentro en la Casa Rosada, y varios integrantes del Gabinete estarán abocados a la organización y a los compromisos oficiales de esa visita.

Por ahora, según informaron fuentes oficiales, la Argentina no contrató estudios de abogados alemanes ni firmas internacionales para intervenir en el litigio. En la administración sostienen que el procedimiento no exige una representación jurídica privada radicada en Alemania y que la defensa puede llevarse adelante con los agentes diplomáticos y los profesionales del Estado.

El Tribunal del Mar permite que los países actúen mediante agentes, coagentes, abogados y asesores. La designación de Oyarzábal y Pasquali de Fonseca identifica a los responsables formales de la representación argentina, mientras que la participación de otros especialistas quedará sujeta a lo que decida el Gobierno antes de las exposiciones orales. La embajadora coagente, además, tiene una dirección de notificaciones en la Embajada argentina en Berlín.

Cómo serán las audiencias

El cronograma ya está fijado por el tribunal. El martes 10 de noviembre, la Argentina expondrá entre las 10 y las 13, y el Reino Unido responderá entre las 15 y las 18. El miércoles 11 habrá una segunda intervención argentina entre las 10.30 y las 12, y una última presentación británica entre las 17.30 y las 19, siempre según los horarios de Hamburgo.

La audiencia será pública y se podrá seguir en directo por el sitio oficial del organismo. Los jueces deberán evaluar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia suficientes para adoptar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que examinará el litigio de fondo. La convocatoria, en sí misma, no significa que la Argentina ya haya obtenido una resolución favorable.

De dónde viene el reclamo

El conflicto arrancó el 28 de septiembre, cuando el Gobierno inició un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tras el rechazo de Londres a las medidas solicitadas, la Argentina acudió el 13 de octubre al Tribunal del Mar para pedir una intervención urgente antes de que avance el desarrollo hidrocarburífero.

La presentación argentina incluye cuatro pedidos principales. El primero busca impedir que el Reino Unido habilite el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion. El segundo apunta a restringir el uso de información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos. Los dos restantes se vinculan con la protección del medio marino y con la prohibición de tomar nuevas decisiones que agraven la controversia, como el otorgamiento de licencias.

El proyecto Sea Lion lo impulsan la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Las compañías prevén iniciar las perforaciones de desarrollo en 2027 y comenzar la producción comercial en 2028. La Argentina quiere una decisión judicial antes de que esas actividades avancen, con el argumento de que la extracción de recursos y las alteraciones del lecho marino podrían generar consecuencias irreversibles.

El punto más delicado: la competencia del tribunal

La controversia jurídica central pasará por la competencia del tribunal. La Convención sobre el Derecho del Mar permite resolver disputas vinculadas con la interpretación de sus disposiciones, pero no le da una competencia general para decidir conflictos de soberanía territorial. Por eso la estrategia argentina busca preservar los derechos que reclama sobre los recursos marítimos y las obligaciones ambientales, sin pedir un pronunciamiento sobre la soberanía de las islas.

La Casa Rosada considera que las audiencias serán una instancia central de su estrategia jurídica por Malvinas. El Gobierno confía en el trabajo de los equipos estatales y espera definir en los próximos días la composición presencial de la delegación. La decisión sobre las medidas provisionales quedará en manos de los jueces, mientras el arbitraje contra el Reino Unido seguirá por carriles separados y la agenda oficial de Milei por la visita de León XIV se desarrollará en paralelo.