Malvinas: excombatientes llegan a la Corte Suprema para frenar un recorte que los dejó sin reconocimiento

La Asociación Civil Concertación TOAS presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Buscan que el máximo tribunal revise la constitucionalidad del Decreto 509/88, firmado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que recortó el alcance de la Ley 23.109 y dejó fuera del reconocimiento oficial a miles de soldados que custodiaron el litoral marítimo continental durante la guerra de Malvinas.

El conflicto es legal y político: los veteranos denuncian que la Justicia se niega sistemáticamente a analizar si un decreto presidencial podía cercenar un derecho otorgado por el Congreso Nacional, escudándose en argumentos económicos y maniobras procesales.

Un fallo condicionado por las partidas del Estado

El amparo colectivo, tramitado inicialmente en el Juzgado Federal de Bahía Blanca N.° 2, no solicitó el cobro de indemnizaciones ni un monto de dinero específico, sino el control de constitucionalidad de la reglamentación. Sin embargo, en su contestación, el Estado Nacional argumentó que dar curso favorable al reclamo generaría un fuerte impacto en el presupuesto público.

La jueza de la causa tomó como eje la advertencia financiera del Ejecutivo y rechazó el planteo, argumentando que el reconocimiento de la veteranía podría acarrear la liquidación de pensiones u otros beneficios, una competencia que atribuyó al Poder Legislativo.

Desde la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes T.O.A.S. 1982 criticaron con dureza la postura judicial: «La Justicia debe resolver conforme a la Constitución y a las leyes, no dejar de analizar un planteo porque el Estado afirme que podría afectar el presupuesto público», sostuvieron.

La trampa de los plazos y el laberinto procesal

Para evitar resolver sobre el fondo de la cuestión, la causa ingresó en un intrincado laberinto técnico:

En primera instancia, la jueza rechazó el recurso de apelación de los excombatientes alegando que fue presentado fuera de término. Ante esto, la entidad presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal. La Cámara descartó el motivo planteado por la jueza pero inventó un criterio propio para el cómputo de plazos y volvió a declarar el recurso como extemporáneo.

Los excombatientes señalan que la apelación se realizó respetando de forma estricta las normas de notificación electrónica fijadas por la propia Corte Suprema. Frente a la aplicación de dos criterios distintos para contar un mismo plazo, la entidad acudió a la Máxima Corte para exigir que se respeten las reglas del debido proceso y se analice por primera vez la validez legal del Decreto 509/88.

En paralelo al frente judicial, la Concertación TOAS lanzó una campaña nacional de recolección de firmas en la vía pública y plataformas digitales para visibilizar la causa. El objetivo es exigir garantías en el acceso a la justicia y evitar que la política o los argumentos financieros del gobierno de turno condicionen los fallos judiciales.