Malvinas: la Justicia reabre la causa por torturas a conscriptos chaqueños y correntinos

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia había cerrado la causa por prescripción, pero Casación revocó ese fallo y ahora los militares chaqueños y correntinos podrían enfrentar un juicio por crímenes imprescriptibles. ¿Qué pasará con los acusados?

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Malvinas: la Justicia reabre la causa por torturas a conscriptos chaqueños y correntinos
Malvinas: la Justicia reabre la causa por torturas a conscriptos chaqueños y correntinos

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el archivo de una causa que investiga a dos militares chaqueños y correntinos por torturas a soldados conscriptos durante la Guerra de Malvinas. La decisión, del 23 de octubre, considera que los hechos podrían ser delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

Los imputados son Reynaldo José Pascuzzi, teniente primero médico chaqueño, y Carlos María Alemán Urquiza, capitán correntino. Ambos integraban el Grupo de Artillería 7 de Resistencia y fueron trasladados durante 71 días a Puerto San Julián, Santa Cruz, dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

La causa se originó por las privaciones ilegítimas de la libertad, vejaciones, apremios ilegales y amenazas que habrían sufrido los conscriptos Hugo Vicente Sandoval, Eulogio Epifanio Contrera y Ernesto Raúl Sánchez.

Las torturas denunciadas

Según la imputación, los militares sometieron a los soldados a frío extremo, trabajos forzados como cavar pozos de agua o limpiar pozos de residuos, golpizas, alimentación basada en sobras y simulacros de fusilamiento. También los “estaquearon”: los ataron al suelo en la nieve y a la intemperie.

La investigación se inició a partir del testimonio de Carlos Trangoni, quien declaró haber presenciado el estaqueamiento de Sandoval.

Un expediente que arrastra casi dos décadas

La causa arrancó en 2008 y tuvo múltiples idas y vueltas. En 2010, la jueza subrogante dictó la prescripción y sobreseyó a ambos, pero ese mismo año la Cámara de Comodoro Rivadavia revocó la medida y ordenó seguir adelante.

El juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, los procesó en 2021. Luego, en 2023, la Cámara dispuso una falta de mérito. El 28 de agosto de 2025, Vázquez volvió a procesarlos y fundamentó que los hechos eran de lesa humanidad. A fines de octubre de 2025, la Cámara revocó otra vez y decretó que el caso no encuadraba en esa categoría. Esa decisión motivó el recurso de la fiscal general Verónica Raquel Escribano.

Los argumentos de Casación

El voto del juez Mariano Borinsky calificó como “sorpresivo y contradictorio” el criterio de la Cámara, porque la vigencia de la acción penal ya había sido resuelta en dos oportunidades. Además, señaló que el propio tribunal admitió la práctica sistemática de castigos a conscriptos durante el conflicto, pero aun así negó que formaran parte de una práctica del aparato dictatorial.

Respecto del precedente “Taranto”, en el que se había apoyado la Cámara, Borinsky remarcó que la Corte Suprema nunca convalidó ese criterio. Agregó que el juez de primera instancia analizó 19 testimonios y prueba documental, y que la afirmación sobre la violación del plazo razonable carecía de fundamentación. También aclaró que la causa está en etapa de investigación, que solo exige un grado de certeza probabilística, y que los imputados la transitaron en libertad.

La Sala estableció que los hechos deben encuadrarse, por el momento, como delitos del derecho internacional penal, aunque su clasificación específica se definirá en una etapa posterior. El juez Javier Carbajo adhirió a ese voto.

En disidencia, el juez Gustavo Hornos consideró que los agravios de la Fiscalía no demostraban arbitrariedad ni desvirtuaban los fundamentos de la Cámara de Comodoro Rivadavia. Añadió que el planteo subsidiario sobre crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos carecía de fundamentación suficiente, ya que la fiscal se limitó a remitirse a un dictamen de otro proceso.

Ahora, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia deberá dictar un nuevo pronunciamiento y analizar los recursos de apelación de las defensas.

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