Malvinas: la pulseada por el petróleo entra en su hora clave en Hamburgo

El Gobierno argentino aguarda con expectativa el pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que en las próximas semanas podría expedirse sobre el pedido de medidas provisionales contra la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas. Las audiencias se realizarán el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania, y desde la Casa Rosada confían en obtener un fallo favorable aunque admiten que la decisión final quedará en manos de los jueces.

“Vamos por todo. Es histórico y estamos confiados”, repiten en Balcarce 50, donde consideran que la instancia internacional representa una oportunidad concreta para frenar el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion antes de que ingrese en su etapa de explotación. La evaluación oficial sostiene que el planteo argentino tiene fundamentos suficientes para conseguir medidas provisionales, aunque nadie se anima a dar por descontado el resultado.

Los tiempos que maneja el Gobierno

El optimismo no se traduce en una expectativa de resolución inmediata. En el Ejecutivo reconocen que el Tribunal del Mar suele demorar varias semanas en dictar sus órdenes y que aún no hay una fecha precisa para conocer el fallo. Las estimaciones internas ubican la posibilidad de un pronunciamiento entre dos y cuatro semanas después de las audiencias, por lo que la decisión podría llegar en la segunda mitad de noviembre o a comienzos de diciembre.

El antecedente que más siguen en el Gobierno es el de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012. En aquel caso, la Argentina solicitó medidas provisionales el 14 de noviembre, los jueces escucharon a las partes el 29 y 30 de ese mes y ordenaron liberar el buque el 15 de diciembre. La decisión se conoció quince días después de las audiencias, aunque en Balcarce 50 aclaran que ese precedente no fija un plazo obligatorio para el procedimiento actual.

La estrategia más allá del fallo

En el entorno presidencial transmiten que la ofensiva no se detendrá si el tribunal rechaza la solicitud. La intención es agotar todas las herramientas jurídicas y diplomáticas disponibles y mantener el reclamo contra las actividades británicas en los espacios marítimos disputados. Cualquier resultado, explican, deberá analizarse según su alcance concreto, sin dar por concluida la controversia de fondo.

La Argentina inició el 28 de septiembre un arbitraje internacional contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Luego, el 13 de octubre, solicitó medidas provisionales ante el tribunal de Hamburgo para evitar que las actividades hidrocarburíferas avanzaran mientras se constituye el órgano arbitral. El objetivo es impedir que se consolide una situación irreversible antes de que exista una decisión sobre el fondo del asunto.

El planteo se concentra en Sea Lion, un desarrollo impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Las empresas proyectan comenzar las perforaciones durante 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028. En la Casa Rosada sostienen que la proximidad de esas operaciones justifica una intervención urgente para proteger los derechos que la Argentina reclama sobre los recursos del suelo y subsuelo marítimos.

Qué debe evaluar el tribunal

El Tribunal del Mar deberá determinar si existen fundamentos suficientes para adoptar medidas provisionales y si se cumplen las condiciones de urgencia previstas por la Convención. El procedimiento no tiene por objeto resolver la soberanía territorial de las Islas Malvinas, sino establecer si corresponde preservar derechos mientras continúa el arbitraje. La Argentina pretende que los jueces ordenen impedir nuevas actividades de explotación y decisiones que puedan agravar la controversia, además de exigir la protección del medio marino.

En el Gobierno contemplan todos los escenarios: que el tribunal acepte todos los pedidos, que conceda solo algunas medidas o que rechace la solicitud. La Casa Rosada confía en una decisión favorable, pero reconoce que una resolución parcial también podría imponer obligaciones al Reino Unido. Si los jueces no hacen lugar al planteo, la Argentina podrá continuar el arbitraje y evaluar una nueva presentación cautelar ante ese tribunal una vez constituido.

Quiénes llevan la voz argentina

La defensa argentina estará encabezada por María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, junto con representantes de la Cancillería, Economía y la Procuración del Tesoro. Entre los integrantes figuran Mario Oyarzábal, Juan Ignacio Stampalija, Santiago Castro Videla y Betina Pasquali de Fonseca. También participarán especialistas internacionales, entre ellos Marcelo Kohen, que intervino en el caso de la Fragata ARA Libertad, Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.

Sanciones y ley de soberanía

La estrategia oficial también incluye actuaciones administrativas y penales contra compañías vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas. El Gobierno anunció más de 180 notas de desaliento dirigidas a empresas y proveedores y abrió procedimientos sancionatorios contra 60 personas humanas y jurídicas. Sin embargo, las nuevas penalidades definitivas todavía no fueron aplicadas, según reconocen en la Casa Rosada.

En Balcarce 50 explican que las actuaciones se mantienen bajo la responsabilidad de la Secretaría de Malvinas de Cancillería, en coordinación con la Secretaría Legal y Técnica. La decisión de fondo es continuar los procedimientos existentes, pero dar prioridad a la aprobación de una ley que permita imponer sanciones más duras. En el Ejecutivo consideran que las herramientas actualmente disponibles son insuficientes para alcanzar a todos los actores económicos que intervienen en las actividades cuestionadas.

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional obtuvo dictamen en Diputados, pero todavía enfrenta diferencias dentro del oficialismo y entre los bloques aliados. Además de ampliar las penalidades contra empresas y proveedores, la iniciativa contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. La discusión sobre sus atribuciones y los mecanismos de control parlamentario sigue abierta, aunque cerca de Milei mantienen la decisión de impulsar el texto.

Presencia en el Atlántico Sur

La ofensiva también comprende el fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur. En el Ejecutivo aseguran que continuarán financiando el desarrollo de la Base Naval Integrada de Ushuaia, que consideran parte de la infraestructura necesaria para ampliar las capacidades logísticas y operativas vinculadas con la Antártida y los espacios marítimos australes. La decisión forma parte de una estrategia de largo plazo que el Gobierno pretende sostener independientemente del resultado del litigio.

La Casa Rosada busca así combinar el procedimiento judicial de Hamburgo con nuevas herramientas legislativas, actuaciones administrativas y una presencia estatal más amplia en el Atlántico Sur. En el Gobierno mantienen la confianza en conseguir medidas que frenen el avance de Sea Lion, aunque admiten que los jueces pueden demorar varias semanas y que el resultado no está garantizado. La decisión política es sostener el reclamo por Malvinas hasta agotar las instancias legales disponibles, aun si la primera resolución no satisface todos los pedidos argentinos.