Mandan a la Policía a controlar el peso de los camiones en tres rutas entrerrianas: qué pasará con los que excedan la carga

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha los preparativos para aplicar un nuevo régimen de control de peso sobre los camiones que circulan por las rutas provinciales. La medida contempla multas, la obligación de descargar la mercadería excedente y la incorporación de equipos de pesaje, con el objetivo de frenar el deterioro de la infraestructura vial en los corredores más castigados por el transporte de cereales y otras cargas productivas.

El anuncio lo hizo el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, quien detalló los alcances del esquema en declaraciones a Estación Plus Crespo.

La Policía toma el control y la sanción

El cambio central del nuevo Régimen de Control de Peso y Dimensiones para Vehículos de Carga pasa por quién fiscaliza. Hasta ahora esa tarea recaía exclusivamente en la Dirección Provincial de Vialidad; con el nuevo sistema, la Policía de Entre Ríos se sumará a los operativos y a la aplicación de las sanciones.

“Tiende a unificar en la Policía de Entre Ríos el control y la gestión de la sanción, ante infracciones por exceso de carga”, señaló Jacob.

El ministro argumentó que la fuerza tiene una estructura operativa capaz de montar controles de tránsito en distintos puntos de la provincia, mientras que Vialidad aportará los recursos técnicos para verificar los pesos. También admitió una limitación concreta: “Hay una realidad por reconocer, que es la insuficiencia que tiene la Provincia en los medios técnicos, para efectuar un control adecuado de carga”.

Por eso, el Ejecutivo proyecta sumar equipos móviles y modernizar los instrumentos que se usan en los puestos de pesaje.

Qué pasará con los camiones que excedan el peso

Uno de los puntos más sensibles del régimen es que ningún vehículo podrá seguir viaje con sobrecarga, ni siquiera después de haber recibido una multa. Para eso será necesario habilitar lugares donde descargar y depositar la mercadería que sobra.

“El camión no puede continuar circulando con exceso de carga, aun cuando sea sancionado”, remarcó el funcionario.

La normativa fija un plazo máximo de dos días para descargar la mercancía y regularizar el peso del vehículo. Si el transportista no cumple y hace falta trasladar o depositar la carga, se aplicará el canon correspondiente por esos servicios.

Jacob aclaró que lo descargado no queda en manos del Estado: “La carga sigue siendo propiedad del transportista”. El dueño podrá disponer de ella una vez cumplidas las obligaciones, incluido el pago de la multa que eventualmente corresponda.

Multas aunque el exceso sea mínimo

Los límites de peso están fijados por la normativa vigente y se calculan por la cantidad máxima de kilogramos permitida por eje. Por lo tanto, cualquier exceso detectado en los controles constituye una infracción.

“Si se excede ese pesaje, por mínimo que sea el exceso, el vehículo está circulando en infracción”, advirtió el ministro.

Jacob reconoció que la aplicación estricta de estas disposiciones podría generar cuestionamientos entre los transportistas. Sin embargo, defendió el objetivo de fondo: proteger las rutas provinciales y evitar que se sigan deteriorando por el paso de vehículos sobrecargados.

“Es imposible pensar en una recuperación de las condiciones de transitabilidad de las rutas sin tener paralelamente un sistema eficiente de control”, afirmó. Y aclaró que el régimen no apunta a aumentar la recaudación provincial, sino a modificar conductas que dañan la infraestructura.

Las tres rutas que estarán en la mira

El Gobierno identificó los corredores donde considera urgente reforzar los controles por el tránsito de camiones y el desgaste del pavimento. Los primeros operativos se concentrarían en tres rutas provinciales.

La Ruta Provincial 131, entre Crespo y Diamante, es uno de los casos más críticos. “La ruta 131 de Crespo a Diamante está teniendo un deterioro bastante importante y rápido; presumimos que, en algunos casos, se debe al exceso en las cargas”, explicó Jacob. El ministro señaló que la diferencia entre carriles es visible: el que va hacia Diamante presenta mayores daños.

El segundo corredor es la Ruta Provincial 39, que conecta Concepción del Uruguay con Rosario del Tala y permite enlazar luego con la Ruta Nacional 12. Por allí circulan vehículos vinculados a frigoríficos, establecimientos productivos y plantas de acopio de cereales.

El tercero es la Ruta Provincial 11, entre Diamante y Victoria, por donde se mueve parte del transporte de granos con destino a la zona portuaria de Rosario.

“Seguramente los primeros puntos de control van a estar ubicados en esas rutas, donde vemos el mayor problema”, anticipó el funcionario.

Balanzas móviles y controles sin detener los camiones

El plan de reequipamiento de Vialidad contempla, en una primera etapa, la compra de equipos móviles de pesaje y el reemplazo de instrumentos existentes para ampliar la capacidad operativa. La Policía y Vialidad definirán en conjunto los lugares de los procedimientos: algunos puntos ya tienen señalización y otros deberán sumarse al sistema.

A más largo plazo, la Provincia quiere instalar dispositivos que permitan verificar el peso de los camiones mientras circulan, sin necesidad de sacarlos de la calzada.

“Para el futuro habrá controles dinámicos de carga, es decir, dispositivos que permitan, sin sacar a los vehículos de la cinta asfáltica, verificar el peso”, explicó Jacob. Esa tecnología ya se usa en otras rutas argentinas y la intención es incorporarla en Entre Ríos. El financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la recuperación de rutas provinciales incluye un componente destinado a adquirir estos dispositivos, aunque su implementación no será inmediata.

El objetivo: cuidar el patrimonio vial

Jacob sostuvo que el control del transporte pesado debe ir de la mano de las inversiones para recuperar la red vial entrerriana. Las rutas que unen zonas productivas con puertos y centros de comercialización son, según explicó, las más vulnerables al paso de camiones que superan los límites.

“Este sistema que vamos a implementar no tiene específicamente un fin recaudatorio”, aseguró. Para el ministro, las multas deben funcionar como una herramienta para desalentar las infracciones y promover la responsabilidad de quienes usan la infraestructura pública.

“No todo lo puede ni lo debe hacer el Estado. Los ciudadanos estamos obligados a cumplir las normas”, expresó. Y cerró: “La infraestructura vial es esencial para el desarrollo de la provincia, y debemos cuidarla. Es un patrimonio público”.