Mandaron agentes armados a las casas, pero una jueza les puso fecha de vencimiento

Una jueza federal de California frenó en seco los operativos de campo que el gobierno de Estados Unidos venía desplegando para revisar la elegibilidad de los votantes. La medida cautelar alcanza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a sus agencias dependientes, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y restringe visitas domiciliarias e interrogatorios en nueve estados hasta la noche misma de los comicios de mitad de término.

La resolución lleva la firma de Araceli Martínez-Olguín, magistrada del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, y también involucra a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).

“Una acción militarizada hacia los hogares”

El fallo no es ambiguo respecto del contexto. “Los demandados anunciaron el despliegue de agentes armados en una acción militarizada hacia los hogares y comunidades de las personas durante los últimos meses previo a las elecciones de mitad de término”, escribió la jueza en su resolución.

Sin embargo, Martínez-Olguín se ocupó de trazar un límite: ni los demandantes afirman ni el tribunal concluye que sea ilegal que funcionarios federales investiguen votaciones no autorizadas en elecciones federales. Lo que se pretende evitar es otra cosa: que el DHS indague a ciudadanos estadounidenses “de una forma que intimide y amenace la participación” de quienes integran organizaciones comunitarias dedicadas a instar o ayudar a otros a votar.

La prohibición rige para las visitas e interrogatorios que tengan como destinatarios a personas que los agentes saben o sospechan que son ciudadanas estadounidenses.

Los nueve estados alcanzados

El gobierno había concentrado su actividad de campo en nueve jurisdicciones mediante una directiva conocida como Surge Initiative Guidance. La orden judicial las abarca a todas:

California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.

Allí las agencias federales no podrán concretar las intervenciones contempladas en el fallo durante el tramo previo a las elecciones de mitad de mandato. La restricción corre hasta las 20 del 3 de noviembre, horario en que cierran las urnas, salvo que el tribunal disponga lo contrario.

Quién llevó el caso a la Justicia

La demanda la impulsó una coalición integrada por sindicatos de trabajadores de la salud, una organización comunitaria de defensa del voto y dos gobiernos locales de California. Los presentantes argumentaron que los operativos podían desalentar la participación electoral y perjudicar tanto a los votantes como a quienes colaboran con la inscripción y la movilización ciudadana.

98 millones de registros y 12 minutos por expediente

El corazón del expediente apuntó a la iniciativa federal Unlawful Voter Initiative. Según los antecedentes que llegaron a la corte, el programa reunió alrededor de 98 millones de registros comerciales y listas electorales, que después fueron procesados con herramientas de inteligencia artificial dentro del sistema informático iLab.

La demanda puso en duda la fiabilidad de ese mecanismo y remarcó que Estados Unidos no dispone de una base de datos federal única que permita verificar de manera directa la ciudadanía de todas las personas. A eso sumó una exigencia llamativa: los funcionarios del Uscis habrían tenido que revisar los expedientes en lapsos de hasta 12 minutos, algo que, según los denunciantes, alimentó los errores de identificación.

El resultado, siempre según la presentación, fue que miles de ciudadanos estadounidenses quedaron señalados de manera incorrecta como posibles sospechosos de fraude electoral. Entre ellos había naturalizados y miembros de la comunidad hispana. La denuncia también sostuvo que se enviaron agentes armados a domicilios y que se difundieron imágenes de arrestos en redes sociales como parte de una estrategia de presión pública.

“El voto es un derecho fundamental”

Beau Tremitiere, abogado de Protect Democracy, celebró la decisión en un comunicado. “El voto es un derecho fundamental que los ciudadanos, ya sean nacidos aquí o naturalizados, deben poder ejercer sin que agentes armados del gobierno los acosen”, dijo.