Marcha universitaria en San Juan: el dato de las cuentas de la UNSJ que preocupa a todos

La quinta Marcha Federal Universitaria copó el centro sanjuanino y la UNSJ volvió a reclamar por sus fondos. Pero el dato que realmente preocupa no está en la calle: el presupuesto 2026 aprobado por la universidad muestra una pérdida de capacidad que nadie esperaba.

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Marcha universitaria en San Juan: el dato de las cuentas de la UNSJ que preocupa a todos
Marcha universitaria en San Juan: el dato de las cuentas de la UNSJ que preocupa a todos

La quinta Marcha Federal Universitaria se sintió con fuerza en el centro de San Juan. La columna arrancó a las 17.30 desde la Plaza 25 de Mayo, recorrió las calles céntricas y tenía como destino final el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

La movilización reunió a estudiantes de todas las facultades y de la Escuela de Ciencias de la Salud, además de agrupaciones estudiantiles, gremios y referentes políticos. Al frente de la marcha estuvieron las autoridades de la UNSJ, encabezadas por el rector Tadeo Berenguer, junto a representantes gremiales y dirigentes universitarios.

Entre los sectores que se sumaron aparecen la CGT, la Juventud Peronista, las 62 Organizaciones Peronistas y las agrupaciones universitarias Ideas, Creando, HxT y La Marea. También participaron dirigentes del peronismo y de la izquierda, en una jornada que volvió a poner a la educación pública en el centro de la escena política.

Los reclamos que llevaron a la calle

El pedido central fue la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con la recomposición de los salarios docentes y nodocentes. A eso se suma la necesidad de garantizar recursos suficientes para el funcionamiento cotidiano de las universidades nacionales.

La marcha sanjuanina formó parte de una convocatoria nacional para exigir que el Gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La norma fue sancionada por el Congreso en 2025, pero su implementación quedó envuelta en el conflicto entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas.

El reclamo no se agota en los sueldos. Las universidades advierten sobre el deterioro de los fondos para gastos de funcionamiento, becas, investigación, infraestructura y otras actividades académicas. La discusión toma más relevancia en la antesala del debate por el Presupuesto nacional 2027, donde las instituciones buscan que se contemplen los fondos necesarios para recuperar lo perdido.

La quinta marcha se desarrolló, además, en medio de una disputa judicial por la aplicación de la ley. El Gobierno nacional cuestionó las decisiones judiciales que ordenaron avanzar con parte de sus disposiciones, mientras el sector universitario insiste en que la norma debe cumplirse.

El impacto concreto en las cuentas de la UNSJ

En San Juan, el reclamo tiene un correlato en los números de la universidad. La UNSJ aprobó para 2026 un presupuesto de más de $127.385 millones, que incluye aportes nacionales y recursos propios.

Al presentar la planificación financiera, el secretario administrativo financiero, Ricardo Coca, advirtió que el presupuesto está por debajo de los niveles históricos de inversión, con una pérdida de capacidad para sostener las actividades de la institución.

Uno de los puntos que marcan las autoridades es el congelamiento de las partidas para gastos de funcionamiento. Según explicó Coca en declaraciones difundidas a comienzos de octubre, los fondos para ese rubro permanecen prácticamente sin variaciones desde 2025, una situación que presiona sobre los recursos disponibles para el día a día de la universidad.

A ese escenario se suma el conflicto salarial, que también repercute en los colegios preuniversitarios y derivó en medidas de fuerza. La situación llegó a la Justicia Federal a través de una presentación de padres de alumnos que reclamaron la continuidad de las clases, otro frente de tensión para la institución.

En los días previos a la marcha, la UNSJ había reforzado públicamente su reclamo por la aplicación de la ley. El martes 13 de octubre, docentes y especialistas realizaron una clase pública de Derecho Constitucional frente al Rectorado para analizar las obligaciones del Estado y las consecuencias del ajuste presupuestario sobre la educación superior.

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