Más de 100 estatales de Río Negro investigados por certificados médicos: la causa se muda de ciudad

La investigación por la presunta presentación de certificados médicos falsos que involucra a 119 empleados públicos de Río Negro no seguirá su curso en Viedma. El juez de Garantías Adrián Dvorzak resolvió este miércoles que el expediente pase a los tribunales de Roca y Cipolletti, donde habrían ocurrido los hechos centrales.

La medida alcanza a policías, agentes penitenciarios y docentes, distribuidos en seis legajos. El fiscal Juan Pedro Peralta ya anticipó que apelará la decisión, lo que demorará todavía más la formulación de cargos.

La causa arrancó a mediados de 2024 y busca esclarecer una presunta maniobra: los implicados habrían usado documentación médica apócrifa para justificar ausencias y cobrar sus salarios sin los descuentos que corresponden. Para el Ministerio Público Fiscal, esas conductas podrían encuadrar en los delitos de fraude a la administración pública y uso de documento falso.

Por qué el juez eligió Roca y Cipolletti

Dvorzak rechazó el planteo de incompetencia territorial que habían presentado las defensas: dejó en claro que los jueces penales rionegrinos tienen jurisdicción en toda la provincia. Sin embargo, aceptó que hay motivos de peso para que la investigación siga en las circunscripciones donde se habrían producido los hechos.

Su argumento se apoya en tres puntos concretos: en esas ciudades se presentaron los certificados, allí se hicieron las medidas de investigación y en esas zonas residen buena parte de los imputados, sus abogados y las posibles fuentes de prueba.

El magistrado hizo hincapié en las dificultades que la distancia genera para el derecho de defensa. Según su resolución, la comunicación virtual no siempre alcanza para preparar una estrategia defensiva, mantener entrevistas cara a cara y desarrollar las medidas probatorias necesarias.

También aclaró que el traslado del expediente no implica volver a foja cero: las pruebas ya reunidas y las actuaciones realizadas conservan su validez y podrán usarse en las circunscripciones que continúen con el trámite.

La resolución ordena remitir las actuaciones a los foros de jueces correspondientes a los lugares donde se presentaron los certificados. La medida se hará efectiva cuando la decisión quede firme. Además, dispuso que los elementos secuestrados en los allanamientos queden a disposición de las autoridades judiciales que intervengan en adelante, con las reglas de preservación y cadena de custodia.

Qué encontraron en la investigación

El expediente incluyó allanamientos en Roca, el secuestro de teléfonos y computadoras, el análisis de conversaciones y peritajes sobre documentación vinculada con licencias médicas. A eso se sumaron informes de organismos públicos y estudios de áreas técnicas del Ministerio Público Fiscal.

El planteo de las defensas que prosperó

En todas las audiencias en Viedma, los defensores oficiales y privados insistieron con que el expediente dejara la capital provincial. Su argumento: los hechos investigados ocurrieron principalmente en Roca y Cipolletti, donde se habrían presentado los certificados y donde viven la mayoría de los investigados.

También remarcaron que la distancia complicaba las entrevistas entre abogados e imputados, la preparación de las estrategias y la producción de pruebas. Sostuvieron que mantener la causa en Viedma podía afectar el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

Del otro lado, el Ministerio Público Fiscal y la querella —ejercida por la Fiscalía de Estado— se opusieron. Explicaron que el presunto perjuicio económico afectó a la administración provincial, con sede en Viedma, y que gran parte de la investigación ya se había desarrollado desde esa ciudad. Trasladar las actuaciones, advirtieron, podía generar demoras y dificultades organizativas.

Dvorzak analizó ambas posiciones y marcó una distinción: una cosa es la competencia territorial de los magistrados y otra es la organización del trabajo judicial dentro de la provincia.

La decisión no resuelve la responsabilidad penal de los investigados ni modifica los hechos que atribuye la acusación. Solo define dónde seguirá el proceso y qué autoridades judiciales intervendrán en las próximas etapas. Si se confirma la competencia de los tribunales de Roca y Cipolletti, la acusación seguirá en manos del fiscal capitalino, pero no así la actuación de los defensores oficiales de la Primera Circunscripción Judicial.