Más de 3.000 firmas piden que la Legislatura revise la venta de tierras junto al Perito Moreno
Vecinos de El Calafate juntaron miles de firmas y las llevaron a la Legislatura para que se revise la operación que autorizó la transferencia de tierras junto al Perito Moreno: el pedido apunta a dos expedientes y a un decreto firmado por Vidal.
Una operación inmobiliaria en tierras linderas al glaciar Perito Moreno desembarcó en la Legislatura de Santa Cruz con una petición que reúne más de 3.000 firmas. Vecinos de El Calafate y de otras localidades santacruceñas piden que el cuerpo legislativo revise de punta a punta cómo se autorizó esa transferencia.
La iniciativa la empujaron Alexis Casandra Valdéz, Ángel Serra, Alberto Chaile y Fernanda Nogueira, vecinos de El Calafate que durante las últimas dos semanas juntaron adhesiones en esa ciudad, en otros puntos de la provincia y también entre turistas que visitaron la zona.
Qué piden revisar y con qué urgencia
El pedido está dirigido a la Comisión Investigadora de la Administración Pública, un órgano previsto en el Reglamento de la Cámara de Diputados. Los firmantes quieren que esa comisión analice de forma integral el Decreto 915/2026 y el Expediente 495.894/2023 del Consejo Agrario Provincial, junto con todas las actuaciones y antecedentes vinculados a la autorización para transferir las parcelas G2 y G3 de Península de Magallanes.
En la nota presentada, los vecinos solicitan que la Cámara investigue “con carácter de urgente” la pertinencia y la legalidad del procedimiento, y que determine si corresponde tomar medidas legislativas, judiciales o de otra índole.
La firma del gobernador y el destino de las parcelas
El Decreto 915 fue firmado el 1 de septiembre por el gobernador Claudio Vidal y habilitó “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” la transferencia de esas tierras desde Lacustre del Sud SA hacia ASB Hospitality Calafate SAU. El capital de esa sociedad pertenece íntegramente a ASB Hospitality LLC, constituida en Dubai.
La petición también subraya dónde están ubicadas las parcelas: dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes, en un sector lindero al Parque Nacional Los Glaciares y en el entorno del glaciar Perito Moreno.
Para los firmantes, la Legislatura debe intervenir antes de que se consoliden actos de disposición sobre los inmuebles o se concreten intervenciones materiales que después resulten difíciles de revertir.
El freno de la Justicia federal
El tema ya tiene un antecedente judicial. La semana pasada, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, ordenó como medida conservatoria que no se inscriban transferencias, cesiones ni nuevos derechos reales sobre las parcelas G2 y G3. Además, remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que defina si debe intervenir originariamente en la causa.
