Más de 3.000 vecinos golpearon la puerta de la Legislatura por las tierras de Península de Magallanes

Un grupo de vecinos de El Calafate llevó este martes a la Legislatura de Santa Cruz una petición con más de 3.000 firmas para que la Cámara de Diputados investigue el procedimiento que habilitó la transferencia de tierras en la Península de Magallanes, a pocos metros del glaciar Perito Moreno.

El pedido apunta a que se conforme con urgencia la Comisión Investigadora de la Administración Pública, que debería revisar el Decreto Provincial 915/2026, el expediente administrativo que le dio origen y los antecedentes de la operación sobre las parcelas G2 y G3.

Qué cuestionan los vecinos

Según informó Ahora Calafate, el reclamo se centra en la decisión que autorizó de manera excepcional y por única vez la transferencia de esos terrenos a ASB Hospitality Calafate S.A.U., una firma vinculada a capitales de Dubái.

Los firmantes piden que los legisladores examinen la legalidad y la pertinencia del procedimiento administrativo que derivó en esa autorización.

La entrega de las firmas representa un nuevo capítulo de la controversia que rodea a la Península de Magallanes, un área de especial relevancia ambiental y turística por su cercanía con el Parque Nacional Los Glaciares y el glaciar Perito Moreno.

Una campaña que sumó respaldos

En los últimos días, los vecinos de El Calafate habían impulsado una campaña de recolección de adhesiones para exigir una investigación legislativa sobre la medida provincial. La iniciativa también circuló a través de una petición en internet bajo la consigna "La Península de Magallanes no se toca".

El reclamo se suma a otras acciones que buscan frenar o revisar la decisión del Gobierno provincial: un amparo presentado ante la Justicia Federal y un proyecto legislativo que propone derogar el Decreto 915/2026.

Qué pasa ahora

La Cámara de Diputados deberá definir qué trámite le dará a la presentación y resolver si avanza con la conformación de la comisión investigadora que solicitan los vecinos.

Con las más de 3.000 firmas ya en el ámbito legislativo, queda en manos de los diputados la posibilidad de analizar los antecedentes administrativos de la operación inmobiliaria.