Máscaras prohibidas y 70.000 uniformados: el sábado que Macron quiere blindar
Setenta mil uniformados, drones y blindados en las calles, y una prohibición que nadie esperaba para este sábado. La medida del Gobierno de Macron llega después de una noche que dejó 3.000 comercios saqueados y edificios públicos en llamas.
Francia se encamina hacia un nuevo sábado de protestas y el Gobierno de Emmanuel Macron redobló la apuesta: unos 70.000 policías y gendarmes se desplegarán en todo el país para contener la tercera jornada consecutiva de movilizaciones contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos.
La tensión social no deja de crecer y el Ejecutivo evalúa que el riesgo de disturbios es muy alto. El alerta no viene solo de las marchas: en las redes sociales circulan llamados a cometer saqueos y actos de violencia aprovechando la noche de Halloween.
Un operativo con unidades de élite, drones y helicópteros
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, fue el encargado de anunciar el despliegue. El operativo incluirá unidades de élite, drones, helicópteros, vehículos blindados y brigadas ecuestres y caninas.
Las autoridades anticiparon además que la vigilancia se extenderá durante toda la noche, ante las convocatorias a participar de manifestaciones violentas a partir de las 20.
Nuñez advirtió que algunos mensajes detectados en las redes sociales llaman directamente a una "revolución". También señaló que se identificaron convocatorias para acudir disfrazados de Halloween a las concentraciones. Por eso anunció que ese tipo de reuniones serán prohibidas y que tampoco se permitirá ocultar el rostro con máscaras en el espacio público.
El fantasma del 17 de octubre
La preocupación del Gobierno tiene un antecedente concreto: los episodios del 17 de octubre, durante la primera jornada de protestas. En aquella oportunidad, grupos violentos incendiaron edificios públicos y saquearon unos 3.000 comercios en distintas ciudades, entre ellas París, Lyon y Marsella.
Las movilizaciones de esa jornada reunieron entre 550.000 personas, según la policía, y 800.000, de acuerdo con la Confederación General del Trabajo (CGT).
Los incidentes también alcanzaron edificios institucionales, como los ayuntamientos de Limoges y Marsella y la oficina de turismo de Lyon. Tras los disturbios, Nuñez presentó su renuncia, pero Macron la rechazó. El ministro había reconocido que las fuerzas de seguridad perdieron el control en algunas ciudades.
Menos violencia en la segunda cita, pero misma masividad
En la segunda convocatoria, el 24 de octubre, el refuerzo del operativo policial y las restricciones a las manifestaciones en los centros urbanos contribuyeron a reducir los episodios de violencia. Aun así, las protestas volvieron a reunir entre 410.000 y 800.000 participantes, según las estimaciones oficiales y sindicales.
Para este sábado, las autoridades volvieron a delimitar las zonas habilitadas para las concentraciones y buscaron evitar que las marchas ingresen en los centros de las principales ciudades. La decisión generó un nuevo conflicto con los sindicatos y los llamados chalecos amarillos, que consideran que las restricciones buscan limitar el derecho a manifestarse.
La pulseada por la Bastilla
En París, la CGT había solicitado realizar una marcha entre las plazas de la Bastilla y Nación. La prefectura había dispuesto un recorrido alternativo por una zona periférica, pero un tribunal administrativo autorizó a última hora del viernes el paso por la emblemática plaza de la Bastilla. El Gobierno anunció que apelará la decisión ante el Consejo de Estado, el órgano competente para resolver la disputa.
Los chalecos amarillos, por su parte, también habían solicitado concentrarse frente a la Asamblea Nacional y terminar la marcha en la plaza de la Concordia, cerca del Palacio del Elíseo. Las autoridades descartaron esa posibilidad por razones de seguridad.
Granadas de dispersión, el otro foco de conflicto
Las movilizaciones reúnen reclamos de sindicatos, organizaciones estudiantiles y chalecos amarillos contra el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos. A las protestas también se sumaron estudiantes de secundaria, en un escenario de tensión que se mantiene a seis meses de las elecciones presidenciales.
Otro de los puntos de conflicto es el uso de armamento policial para dispersar las concentraciones. Estudiantes y sindicatos reclaman que se deje de utilizar determinadas armas, como las granadas de dispersión, que provocaron mutilaciones a varios manifestantes. Nuñez defendió su utilización y sostuvo que son necesarias para contener a los grupos radicales.
En París, además, el operativo de seguridad tendrá consecuencias sobre el transporte público: más de 40 estaciones de metro permanecerán cerradas y los servicios de tranvía sufrirán modificaciones. El Gobierno teme que los incidentes del 17 de octubre vuelvan a repetirse y mantiene la alerta ante los llamados a cometer saqueos y disturbios durante toda la jornada.
Con información de AFP y EFE.
