Máximo y Florencia Kirchner pidieron frenar el remate de sus bienes: la Justicia les respondió por unanimidad

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó de manera unánime el intento de Máximo y Florencia Kirchner de suspender el remate de sus bienes para ejecutar la condena de la causa Vialidad, donde su madre Cristina Kirchner cumple una pena de seis años de prisión.

La Sala IV del tribunal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, declaró inadmisibles los recursos de casación que habían presentado los hijos de la expresidenta junto a Sebastián Sánchez, director titular de las empresas Hotesur y Los Sauces.

Los planteos apuntaban contra una resolución del Tribunal Oral Federal 2 del 14 de septiembre de 2026, que ya había rechazado los intentos de frenar la ejecución de los bienes, dispuesta el 26 de agosto pasado.

Qué argumentaron los jueces

Según el fallo de la Sala IV, los recursos no eran formalmente admisibles porque la resolución cuestionada no era recurrible: no constituía una sentencia definitiva ni podía equipararse a una, y tampoco impedía la continuidad del trámite.

Los magistrados agregaron que los recurrentes no lograron demostrar un perjuicio actual de imposible o tardía reparación posterior. Las cuestiones planteadas, señalaron, no habían sido resueltas de manera definitiva sino que su tratamiento quedó diferido y podrá retomarse en la oportunidad procesal correspondiente.

Con esa decisión, el trámite de ejecución del decomiso dispuesto en la causa Vialidad —por un monto actualizado cercano a los 685.000 millones de pesos— puede seguir avanzando.

Los bienes en juego

Lo que se discute por ahora es la ejecución patrimonial de la condena y el remate virtual de los 111 inmuebles de la causa Vialidad que propusieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Existe además un segundo pedido fiscal para avanzar sobre otros 141 inmuebles, 46 automóviles y más de 5,6 millones de dólares en efectivo de Florencia Kirchner, que fueron secuestrados en su caja de seguridad del Banco Galicia.

Las defensas de Cristina Kirchner y de sus hijos se opusieron a que el decomiso alcance bienes de Máximo y Florencia —incluidos los generados por el fallecido Néstor Kirchner—, con el argumento de que ninguno de ellos figura entre los condenados por Vialidad.

Sin embargo, tanto el Tribunal Oral Federal 2 como la Cámara Federal de Casación —en un voto dividido— rechazaron ese planteo al considerar que los fondos formaban parte del objeto del delito, más allá de que hubieran sido heredados luego por los hijos del matrimonio Kirchner. Ese fallo es el que llegó hasta la Corte Suprema.

El camino hasta el remate

El Tribunal Oral Federal 2 no puede ejecutar el decomiso de los 111 inmuebles hasta que la Corte Suprema resuelva los recursos de queja de las defensas, pendientes desde fines de mayo, cuando la Sala IV de Casación había rechazado los recursos extraordinarios de Cristina Kirchner y sus hijos.

Hasta ahora, los acusados vienen logrando demorar la ejecución. La Corte ya se pronunció sobre otro aspecto del caso: en julio pasado, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron las quejas contra la actualización del monto calculado sobre la base del Índice de Precios al Consumidor, que quedó fijado en 684.990.350.139,86 pesos.

Falta, en cambio, la definición sobre con qué bienes se cubrirá esa suma. Aun si la Corte resolviera, el decomiso no se completaría de inmediato: restan dos pasos previos.

El primero es que el Cuerpo de Peritos Tasadores entregue la valuación de los inmuebles. El segundo es que la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte responda una consulta del Tribunal Oral Federal 2 vinculada con el reglamento aprobado por la Acordada 22/2025, sobre qué propiedades quiere el máximo tribunal para su propio uso.

Como es la Corte la que resuelve sobre los bienes decomisados en un delito, tiene prioridad para elegir los que considere de utilidad pública para su funcionamiento. Esos no irían a remate, sino que se incorporarían a su patrimonio o al del Poder Judicial.

Recién entonces, según el tribunal, podrá avanzarse con el cambio de titularidad de los inmuebles que pasen a manos de la Corte Suprema y con el remate del resto de los bienes, para lo que se dispuso la creación de una plataforma de subastas online, utilizada en todas las causas donde el Poder Judicial remata propiedades.

En paralelo, los fiscales pidieron un segundo decomiso, más amplio que el primero: 141 inmuebles, 46 automotores, 5.656.134 dólares y otros 53.280,24 pesos.