Mbya de Puente Quemado II elevan a la ONU denuncias por hostigamiento y presiones judiciales

Las comunidades mbya guaraníes y el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA) decidieron dar el salto a la esfera internacional: presentarán ante la ONU una denuncia por irregularidades judiciales, hostigamiento e intimidación en el marco del conflicto territorial de Puente Quemado II.

La medida se conoció después de que las familias retornaran pacíficamente al sector del que habían sido desalojadas días atrás. Desde la organización señalaron que la presión ya no recae únicamente sobre los integrantes de la comunidad, sino también sobre quienes brindan acompañamiento jurídico, humanitario o de traslado.

¿Qué desató la escalada?

El conflicto se agravó el 28 de julio, cuando siete familias fueron expulsadas de las tierras que consideran su territorio ancestral, reconocido bajo la Ley Nacional 26.160. La comunidad denunció que la orden judicial estaba apelada y, por lo tanto, suspendida.

Tras el operativo, los pobladores afirmaron que máquinas ingresaron al lugar y comenzaron a desarmar viviendas. EMiPA difundió un video donde se escuchan expresiones intimidatorias y la advertencia de que, de ser necesario, se avanzaría con maquinaria pesada.

Presentación judicial contra una referente

El representante legal de quien reclama la propiedad de las tierras presentó un escrito solicitando la detención de una integrante de EMiPA, a quien acusa de liderar ocupaciones de inmuebles privados.

Además, pide el secuestro de la camioneta de la referente y de cualquier vehículo que traslade personas al territorio, argumentando que serían usados para cometer delitos. También solicita la intervención de Gendarmería Nacional y presencia policial permanente en la zona.

EMiPA rechazó las afirmaciones sobre la presencia de personas de nacionalidad paraguaya y brasileña con armas blancas, así como la acusación de que niños, mujeres y otros miembros estarían obligados a permanecer en los sectores recuperados. Para la organización, estos argumentos buscan criminalizar el reclamo indígena y desviar el foco del debate sobre el territorio ancestral.

Amenazas que paralizan el transporte

En paralelo, se difundió un audio en el que un hombre advierte a un remisero que no vuelva a llevar integrantes de Puente Quemado II porque “ya te tienen marcado los milicos”. El trabajador, por temor a represalias, dejó de transportar personas a la comunidad, y otros remiseros de Garuhapé habrían tomado la misma decisión.

Esto complica aún más el acceso al territorio, que se encuentra a unos 30 kilómetros del casco urbano y no cuenta con servicio regular de colectivos. Los remises y vehículos particulares son la principal vía de conexión.

EMiPA considera que estas advertencias forman parte de un clima de intimidación creciente que afecta incluso a quienes prestan servicios sin participar directamente del conflicto.

El paso hacia la ONU

Ante esta escalada, las comunidades y EMiPA anunciaron que recurrirán a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. La presentación se basará en las irregularidades del procedimiento judicial, los desalojos, las amenazas y la presunta persecución contra quienes acompañan a Puente Quemado II.

No es la primera vez que el caso llega a instancias internacionales. En mayo, una representante mbya expuso la situación territorial de Misiones en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU.

EMiPA insiste en que el eje es la disputa por un territorio que la comunidad considera ancestral y que fue relevado por el Estado nacional, mientras la parte propietaria reclama sus derechos. Con esta presentación, buscan que organismos externos intervengan ante la falta de garantías que perciben en el sistema judicial provincial.