Media sanción en Salta: adiós a la publicidad de apuestas en edificios y vehículos estatales

La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes un proyecto que pondría fin a la presencia de anuncios de casinos y plataformas de apuestas en todos los bienes del Estado provincial. La medida busca cortar de raíz la exposición de los más chicos a estas promociones, aunque el sector del juego regulado ya anticipa posibles efectos colaterales.

La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en el Senado, establece que ningún organismo de la Administración Pública Provincial, empresa estatal o sociedad con participación oficial podrá utilizar sus instalaciones, vehículos o espacios para difundir actividades relacionadas con el juego de azar.

¿Qué alcance tiene la prohibición?

La restricción no se limita a los edificios públicos. También alcanza a instituciones, eventos y organizaciones que reciban subsidios, auspicios o cualquier tipo de asistencia económica del gobierno provincial. En esos casos, la prohibición regirá para las actividades financiadas con fondos estatales.

Según los fundamentos del proyecto, el Estado debe ser coherente: no puede declarar la lucha contra la ludopatía y, al mismo tiempo, permitir que sus propios espacios promuevan las apuestas. Por eso, la medida apunta directamente a reducir la exposición de niños, niñas y adolescentes a mensajes que presentan el juego como algo habitual o como una vía rápida para ganar dinero.

¿Qué sanciones enfrentarán los que no cumplan?

El proyecto contempla un esquema de penalidades para las entidades que reciban beneficios estatales y no respeten la veda publicitaria. Entre las consecuencias previstas figuran la revocación del beneficio otorgado, el reintegro de los fondos percibidos y la inhabilitación temporal para acceder a nuevos aportes provinciales, siempre a través del procedimiento administrativo correspondiente.

El contrapunto del sector del juego legal

La media sanción reavivó el debate sobre el rol del Estado frente a las apuestas. Desde las cámaras del juego regulado advierten que cualquier restricción debe diferenciar entre operadores autorizados y plataformas ilegales.

El argumento central es que el juego legal opera bajo controles oficiales, cumple con sus obligaciones tributarias y laborales, y ofrece herramientas de prevención como controles de edad, mecanismos de autoexclusión y políticas de juego responsable. En ese sentido, sostienen que reducir la visibilidad de las ofertas legales podría terminar beneficiando a los operadores clandestinos, que funcionan sin ninguna supervisión.

¿Qué viene ahora?

Con la media sanción en Diputados, el proyecto pasa al Senado de Salta, donde se espera un debate intenso. En el centro de la discusión estará la tensión entre reforzar la prevención de la ludopatía y evitar que la regulación abra la puerta al crecimiento del juego ilegal.