Media sanción para discapacidad: el funcionario formoseño que no le cree nada al Gobierno

El jefe del Departamento de Educación Especial de Formosa, Gustavo Miers, salió a cuestionar con dureza la media sanción que la Cámara de Diputados de la Nación le dio al proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La aprobación se concretó el miércoles 21 de octubre, con modificaciones y el respaldo de legisladores de la oposición.

Miers reconoció que la iniciativa tiene puntos positivos, pero fue tajante al evaluar su alcance real: “Aún con esta nueva ley no hay nada que favorezca, como debe, con una atención integral, a las personas con discapacidad de nuestro país”.

Qué contempla el proyecto aprobado

La norma impulsada por el oficialismo establece la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, su actualización por inflación, el mantenimiento del nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado.

Para el funcionario formoseño, esos puntos no alcanzan. Su principal objeción pasa por la falta de actualización efectiva de las prestaciones y por la ausencia de presupuesto para sostener las políticas del sector.

Miers valoró el trabajo de los legisladores opositores y consideró que su intervención permitió destrabar el tratamiento de una problemática que afecta a miles de familias. Aun así, dejó en claro sus sospechas sobre las intenciones del Gobierno nacional: “Siempre me da mala espina lo que proponga este Gobierno nacional con respecto a las personas con discapacidad”.

El dirigente también destacó que hay legisladores a quienes “realmente les preocupa la lucha de estas familias”.

El reemplazo de la Ley de Emergencia y el presupuesto

Según explicó Miers, la nueva normativa busca sustituir la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia termina el 31 de diciembre. El debate, agregó, llegó después de que el presupuesto nacional 2027 contemplara, siempre según su análisis, un fuerte ajuste para el sector.

Pese a las críticas, calificó el acuerdo alcanzado en la Cámara baja como una instancia de “madurez democrática”, porque permitió reunir los consensos para concretar la sesión, debatir el proyecto y habilitar su tratamiento en el Senado.

“Estoy tratando de ver lo positivo, pero el afloje del oficialismo es para conseguir los votos también. Así se manejan en las dos cámaras para lograr ciertas cosas”, sostuvo.

Pensiones y prestaciones: los números que preocupan

Uno de los focos de preocupación es el monto previsto para las pensiones no contributivas. De acuerdo con sus cálculos, equivaldría al 70% de la jubilación mínima, por lo que el beneficio rondaría los 300.000 pesos.

“Evidentemente sigue siendo un ajuste a las personas con discapacidad, porque no ha sido nada superador lo que se estaría acordando”, cuestionó.

Sobre la continuidad del nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, advirtió que el mantenimiento formal de esos mecanismos no asegura su funcionamiento real. “El mantenerse es una palabra. Si no hay aumento para los prestadores, también estaríamos mal, porque iríamos por una escalera a esto y por un ascensor a lo que es nuestra economía, que está mal”, explicó.

Para Miers, la discusión no puede cerrarse con la sanción de una ley: hacen falta los recursos para aplicarla. “Las leyes después tienen que tener presupuestos en todos los ámbitos: programas, salud, educación, con los prestadores”, afirmó.

Las dudas sobre la estrategia política del Gobierno

El jefe del Departamento de Educación Especial insistió en que la iniciativa no representa una mejora sustancial para el colectivo y cuestionó la gestión nacional de los últimos años: “Hace tres años que el Gobierno de Milei no ha hecho nada por las personas con discapacidad”.

En ese marco, planteó que el debate legislativo podría estar atado a la necesidad del oficialismo de avanzar con el presupuesto nacional y al escenario político de los próximos meses. “Esto es engaña pichanga para que salga el presupuesto y para decir que las personas con discapacidad en la Argentina tienen una ley”, disparó.

También vinculó su lectura con la próxima visita del papa y con las elecciones previstas para el año próximo, aunque aclaró que sus cuestionamientos centrales pasan por la falta de garantías concretas para el sector: “Yo no estoy convencido. No le creo nada, son puntos muy básicos pero, al mismo tiempo, no va a haber actualización; y sin presupuesto ningún programa, nada va a funcionar”.

Entre los temas pendientes, Miers mencionó la revisión de los montos de las pensiones, la actualización efectiva del nomenclador de prestaciones y el pago de las deudas atrasadas con sus correspondientes actualizaciones.

Para el funcionario formoseño, una nueva normativa no alcanza si no viene acompañada de decisiones presupuestarias que hagan efectivos los derechos reconocidos.