Megajuicio: la Corte ya confirmó las condenas, pero Urribarri y Báez buscan evitar la cárcel

Los abogados de Sergio Urribarri y Pedro Ángel Báez presentaron este jueves un pedido para que sus clientes cumplan la pena en sus casas, mientras desde la fiscalía exigen que sean trasladados de inmediato a la Unidad Penal N° 1 de Paraná. La pulseada judicial se da después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme las condenas del megajuicio.

Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron formalmente al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná que, conocida la sentencia de la Corte que declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por los condenados, se disponga "la inmediata detención y traslado a la Unidad Penal N° 1" de Urribarri, actualmente en calle Garat 291 de Concordia; de Juan Pablo Aguilera, en calle Paraná N° 546 de General Campos; y de Báez, que cumple prisión domiciliaria en calle Juan Manuel Jozami N° 2123 de Paraná.

Los vocales María Carolina Castagno y Julián Carlos Vergara receptaron el pedido del Ministerio Público Fiscal y lo elevaron a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), pidiendo que se informe si ya se cursó la notificación formal de la sentencia de la Corte.

¿Qué dijo la secretaría del STJ?

Melina Arduino, secretaria de la Sala Penal del STJ, elevó un informe al presidente Miguel Ángel Giorgio en el que señaló que "no obra comunicación formal a esta Sala, a través del DEOX, de lo resuelto por la CSJN", aunque del sistema de consulta web del Poder Judicial de la Nación surge que el 03/09/2026 se publicó la sentencia en el expediente CSJ 002226/2024-00.

"La Corte demora en notificar por el sistema DEOX de 24 horas a 72 horas", contó una fuente, por lo que la detención de los tres condenados sería inminente.

Las condenas del megajuicio

Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022, al término del megajuicio que se desarrolló entre el 27 de septiembre de 2021 y esa fecha, a 8 años de cárcel. Báez y Aguilera recibieron 6 años y 6 meses de prisión cada uno.

Antes de que el Tribunal resuelva el pedido fiscal, las defensas de Urribarri y Báez presentaron escritos solicitando el arresto domiciliario.

La defensa de Urribarri sostuvo que su asistido "se encuentra atravesando todo el proceso judicial y los momentos posteriores al veredicto de la CSJN, en su domicilio sin poder egresar de la ciudad de Concordia", medida que cumplió "de manera estricta, sin registrar incumplimiento alguno ni intentos de eludir la acción de la justicia". Además, argumentó que, según un diagnóstico médico, Urribarri "se encuentra cursando un cuadro de trastorno de estrés postraumático", que lo acompañó su esposa Ana Lía Aguilera y que el cuadro "se encuadra de manera inequívoca en las previsiones legales que autorizan la morigeración de la ejecución penal en su domicilio". El diagnóstico lo firmó el psiquiatra Julio H. Curotto.

En el caso de Báez, sus defensores señalaron que padece "diarrea crónica, dolor abdominal y pérdida de peso importante", con molestias digestivas desde 2008 que empeoraron en el último año. Aseguraron que la Unidad Penal de Paraná no garantiza condiciones para tratar su enfermedad: "Las cárceles y, en particular la de Paraná, se caracterizan por el hacinamiento y malas condiciones edilicias", y citaron la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Si no se le concede la domiciliaria, pidieron para Báez un "régimen de semidetención" para que pueda "permanecer en su domicilio durante las horas del día" para su tratamiento médico, "pernoctando en el establecimiento penitenciario".