Melella cruzó al Gobierno nacional por el buque británico: qué pidió el Fiscal de Estado

El gobernador Gustavo Melella rechazó este jueves las acusaciones del Gobierno nacional sobre las autorizaciones para el ingreso y amarre del buque de bandera inglesa en el puerto de Ushuaia y aseguró que la responsabilidad es de Nación. En paralelo, el Fiscal de Estado le reclamó un informe detallado sobre el tema.

El mandatario fue contundente al referirse a las acusaciones: “Acá el Gobierno nacional tiene una responsabilidad y tratan de llevarla a la Provincia, que no la tiene, hasta fabricando documentos truchos, esta es la realidad”.

¿De quién depende la autorización?

Según Melella, la Provincia no tiene injerencia en la circulación de la embarcación ni en su amarre. “La circulación de la embarcación en aguas de la provincia quien autoriza es la Prefectura Naval Argentina, y quien autoriza el amarre es ANPYN, no la Provincia”, explicó.

En cuanto al ingreso al puerto de Ushuaia, el Gobernador remarcó que la provincia tampoco interviene en las autorizaciones otorgadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. “Ni siquiera nosotros podemos ingresar al puerto, no nos dejan, es la ANPYN. Son ellos los que se tienen que hacer cargo”, expresó.

El Gobernador también cuestionó la intervención dispuesta por el Gobierno nacional sobre el puerto de Ushuaia, que calificó como “ilegal e ilegítima” y denunció que “se están llevando los fondos de la Provincia”. “El hecho más grave es la intervención que han hecho, que es ilegal e ilegítima, y se llevan los recursos de los fueguinos”, afirmó.

En relación a los trabajadores portuarios, Melella confirmó que la Provincia continúa pagando los salarios con los fondos que quedaron en la Dirección Provincial de Puertos, aunque advirtió que son recursos limitados. “Esto es acotado. Por eso, realmente, es muy grave lo que han hecho”, sostuvo.

El pedido del Fiscal de Estado

El fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, remitió este miércoles un pedido de informes al gobernador Melella sobre las actuaciones del Poder Ejecutivo vinculadas al navío británico, con un plazo de quince días para responder.

La intervención de la Fiscalía se originó en una denuncia particular e ingresó formalmente a la Gobernación el 26 de agosto. El pedido incluye expedientes físicos y digitales, resoluciones, actas y comunicaciones oficiales para determinar si hubo registros de amarre, despacho u operaciones del buque en el puerto de Ushuaia o en la monoboya de Cullen.

También se solicita información sobre si el Gobierno provincial recibió notas o solicitudes de agencias marítimas, de la operadora TotalEnergies o de autoridades federales para autorizar la operatoria del tanquero, y si algún organismo provincial otorgó aval o “no objeción” para el ingreso del barco.

El fiscal pidió además que se informe si estas operaciones exigen habilitación previa y que se detalle el marco normativo frente a la Ley Provincial Nº 852, conocida como “Ley Gaucho Rivero”.

Por último, Martínez de Sucre requirió precisiones sobre “de qué manera se constata si un buque se encuentra realizando tareas vinculadas directamente con la exploración o explotación de recursos naturales dentro del ámbito de la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina antes de consentir su operación logística y de carga”.