Mendoza abre una oficina para renegociar deudas: quiénes podrán anotarse

El Gobierno de Mendoza creó la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), un espacio gratuito para que las familias sobreendeudadas negocien con bancos, tarjetas y financieras antes de caer en una insolvencia definitiva. La medida se formalizó a través de la Resolución 384 de la Dirección de Defensa del Consumidor.

El nuevo organismo busca intervenir en situaciones de sobreendeudamiento y abrir una instancia donde los consumidores puedan sentarse a negociar una reestructuración de sus obligaciones. La intención es evitar que la situación financiera de una familia se vuelva irreversible.

El procedimiento será administrativo, prejudicial, gratuito y voluntario para las partes. No se trata de un concurso de acreedores ni de una quiebra, y Defensa del Consumidor no podrá imponer unilateralmente una quita ni un plan de pagos determinado. La idea es generar una conciliación entre deudor y acreedores para alcanzar un acuerdo que permita sanear o reestructurar las deudas.

Quiénes podrán pedir la reestructuración

La Resolución 384 fija parámetros concretos para determinar cuándo existe una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar.

Podrán solicitar la intervención los consumidores con domicilio real en Mendoza que hayan contraído obligaciones dentro de una relación de consumo y cuyos compromisos financieros superen el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo familiar conviviente.

Ese porcentaje baja al 25% cuando se trata de hogares en situación de especial vulnerabilidad social. En esa categoría entran los hogares con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados o pensionados que cobren el haber mínimo, desempleados, beneficiarios de programas sociales y trabajadores informales.

La intervención procederá siempre que todavía exista la posibilidad de evitar una insolvencia o un quebranto total mediante el saneamiento o la reestructuración de las obligaciones.

Tarjetas, préstamos y financieras: qué deudas entran

La oficina no abarcará cualquier tipo de obligación. Está orientada específicamente al endeudamiento generado por relaciones de consumo.

Entre las deudas que podrán someterse al procedimiento aparecen las originadas en tarjetas de crédito, préstamos personales, financiamiento comercial, proveedores no financieros de crédito, plataformas financieras digitales legalmente autorizadas y créditos otorgados por mutuales y cooperativas.

También podrán participar bancos y entidades financieras, emisores bancarios y no bancarios de tarjetas de crédito, fideicomisos financieros, cesionarios de créditos de consumo y personas humanas o jurídicas que realicen habitualmente operaciones de crédito para consumo y estén legalmente autorizadas.

La resolución fundamenta la creación de la oficina, entre otras cuestiones, en el crecimiento del endeudamiento mediante tarjetas de crédito y préstamos personales, además del avance de otras modalidades de crédito.

Defensa del Consumidor también podrá analizar dentro de su competencia la existencia de prácticas abusivas, falta de información, cobros indebidos o presiones indebidas de los acreedores.

Las deudas que no podrán ingresar

La Resolución 384 establece una serie de exclusiones. No podrán tramitarse mediante la OCDC las deudas garantizadas por hipoteca, las obligaciones alimentarias, las multas y sanciones penales, ni aquellas provenientes de actividades empresariales o comerciales que no estén relacionadas con el consumo familiar.

También quedarán afuera los casos en los cuales el capital total de las obligaciones supere los 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de solicitar la intervención.

Una herramienta distinta de la Ley de Alivio Financiero

La Resolución 384 se apoya principalmente en las facultades de la Dirección de Defensa del Consumidor y crea un procedimiento administrativo de conciliación para consumidores sobreendeudados.

De esta manera, ambas iniciativas pueden funcionar como herramientas frente a los problemas de endeudamiento, pero mediante mecanismos diferentes. En el caso de la OCDC, el objetivo es sentar en una misma instancia al consumidor y sus acreedores para buscar una salida negociada que permita reestructurar las obligaciones y evitar que la situación económica del deudor termine en un quebranto total.

Educación financiera obligatoria

La resolución incorpora otro requisito para quienes soliciten este mecanismo. Defensa del Consumidor deberá promover, en coordinación con el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la DGE, programas de educación financiera y consumo responsable destinados a prevenir situaciones de sobreendeudamiento.

La participación en esas instancias será obligatoria para las personas que hayan solicitado el procedimiento de mediación para reestructurar sus deudas.

La nueva oficina comenzará a funcionar bajo las condiciones establecidas por Defensa del Consumidor y el procedimiento específico previsto para la conciliación, con la intención de ofrecer una instancia institucional antes de que las dificultades financieras de una familia se vuelvan irreversibles.