Mendoza se aseguró un financiamiento internacional que no hay que devolver para ordenar la basura en toda la provincia, y la mayor parte de ese dinero tiene un destino muy específico antes de que se mueva una sola obra. Qué se va a estudiar y qué queda en manos privadas.
El gobernador Alfredo Cornejo aprobó un convenio con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que le permitirá a la Provincia acceder a hasta 700.000 dólares de financiamiento no reembolsable para diseñar un plan integral de gestión de residuos sólidos urbanos. La formalización llegó por el Decreto 2294, publicado este martes 3 de noviembre en el Boletín Oficial de Mendoza.
El acuerdo involucra al Ministerio de Energía y Ambiente, que será a la vez beneficiario y organismo ejecutor del programa. Del otro lado, el BCIE se encargará de la gestión de las contrataciones y tendrá a su cargo la firma, administración y pago de los contratos de adquisición.
Qué incluirá el plan provincial
El convenio apunta a elaborar un Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Ese documento contemplará el análisis de alternativas para avanzar hacia un sistema de gestión público-privada y también estudios técnicos para definir qué proyectos de infraestructura deberían priorizarse.
Los recursos, según el decreto, permitirán hacer un diagnóstico de la situación provincial, identificar las obras prioritarias y realizar estudios para mejorar el tratamiento y la disposición final de los residuos.
Cómo se reparten los 700.000 dólares
El financiamiento se divide en tres componentes. El más abultado, de 400.000 dólares, se destinará al diagnóstico de la situación actual y a la elaboración del plan provincial.
Otros 150.000 dólares se usarán para seleccionar los proyectos prioritarios y desarrollar estudios transversales. Los 150.000 restantes financiarán los estudios de prefactibilidad o factibilidad de las obras que se identifiquen.
Los plazos y el origen de los fondos
El BCIE autorizó el financiamiento el 30 de junio de 2026, a través de una resolución que incorporó la iniciativa al Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático. Después, entre agosto y septiembre, representantes del banco y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, firmaron el convenio.
Según el decreto, el desembolso de los recursos tiene un plazo de hasta 24 meses, mientras que la ejecución de los estudios puede extenderse hasta 18 meses. Ambos períodos se computan desde la primera orden de inicio de los contratos correspondientes y pueden ampliarse conforme a la normativa del organismo financiero.
Qué pasa si el costo supera el aporte
Aunque Mendoza no deberá reintegrar el dinero, el convenio establece una condición: si el costo total de los contratos supera el monto de la cooperación, la Provincia tendrá que cubrir esa diferencia con recursos propios o provenientes de otras fuentes.
El acuerdo entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Con ese paso, queda habilitada formalmente la implementación de los estudios que definirán la planificación provincial en materia de residuos urbanos.
