Mendoza activó un mecanismo excepcional por el Súper Niño: qué podrá hacer el Gobierno sin licitación

El Gobierno de Mendoza puso en marcha un marco legal de excepción para moverse rápido frente al Súper Niño. La provincia declaró la emergencia hidrometeorológica en todo su territorio y, con esa herramienta, quedó habilitada a comprar bienes y servicios sin pasar por el régimen general de licitaciones y a ejecutar obras hidráulicas sin los plazos administrativos habituales.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial y tendrá vigencia por 180 días corridos. No es un plazo cerrado: un decreto fundado puede extenderla por otros 180 días más.

Qué busca la medida

El objetivo declarado es que el Estado provincial tenga un paraguas legal para actuar antes y durante fenómenos meteorológicos severos, sin quedar atado a los tiempos de la administración ordinaria. La prioridad, según el texto, es la protección de la población, con atención especial a los sectores más vulnerables.

La ley también fija una serie de tareas concretas para las autoridades. Por un lado, reforzar los sistemas de alerta temprana: mejorar la difusión del riesgo y aceitar el intercambio de información técnica en tiempo real. Por otro, coordinar intervenciones inmediatas entre el Poder Ejecutivo, el Departamento General de Irrigación, los municipios y los prestadores de servicios públicos.

En paralelo, se ordena monitorear y asegurar los puntos críticos de las redes de agua, drenaje y vialidad, esos lugares donde una falla puede complicar todo.

Las facultades que se arroga el Ejecutivo

El corazón de la norma son las herramientas administrativas y presupuestarias. La más sensible: las contrataciones de urgencia. El Ejecutivo y sus entes descentralizados podrán adquirir bienes y servicios eximiéndose de las licitaciones públicas. La ley aclara que ese atajo no puede usarse para necesidades ordinarias, previsibles o ajenas a la emergencia.

También se autoriza la ejecución inmediata de obras sobre cursos de agua, canales, sistemas pluviales y cloacales, además del mantenimiento de rutas y la ampliación de la red provincial de monitoreo. En materia de fondos, el Ministerio de Hacienda podrá reasignar partidas presupuestarias para sostener los operativos de mitigación.

La flexibilidad tiene un límite: ninguna acción quedará exenta de cumplir las normativas ambientales provinciales.

Plazos y control

Para garantizar la transparencia, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial deberá reglamentar la norma en un plazo de diez días hábiles. Además, tendrá que presentar un informe final consolidado ante la Legislatura dentro de los 90 días posteriores a la conclusión de la emergencia.