Mendoza aprieta a las visitas: el celular que intenten meter ahora tiene castigo

El Gobierno de Mendoza quiere cambiar las reglas puertas adentro de sus cárceles. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que modifica la Ley 8465 para endurecer el régimen disciplinario y cerrar el cerco sobre uno de los elementos más buscados tras las rejas: el teléfono celular.

La iniciativa llega apenas un día después de un episodio que encendió las alarmas en la cárcel de Boulogne Sur Mer. Allí, dos internos considerados peligrosos tomaron de rehén a un penitenciario, lo golpearon, lo ataron y usaron su celular para comunicarse con sus familiares.

Qué cambia para los internos

El proyecto incorpora nuevas faltas graves para las personas privadas de libertad. El foco está puesto en la tenencia, el uso y la comercialización de celulares, tarjetas SIM y cualquier otro dispositivo de comunicación no autorizado dentro de los establecimientos.

También se castigarán las conexiones clandestinas a internet y electricidad, las comunicaciones ilegales con el exterior y la difusión de imágenes o videos sin autorización.

“La Ley que hoy presentamos tiene que ver, por ejemplo, con que tener un celular, querer ingresar un celular, sea falta grave”, explicó Rus durante la presentación.

El castigo que les espera a las visitas

Uno de los puntos más sensibles de la reforma apunta a quienes cruzan el portón desde afuera. El proyecto prevé sanciones escalonadas según el elemento que se intente ingresar:

Celulares y tarjetas SIM: suspensión del ingreso por hasta 180 días en la primera infracción. Si hay reincidencia, el plazo puede trepar a 365 días y, ante una tercera falta, se aplica la prohibición definitiva.

Drogas: suspensión por 365 días y prohibición definitiva en caso de reincidencia.

Armas y explosivos: quienes intenten meterlos podrán quedar inhabilitados de por vida para entrar a los establecimientos penitenciarios.

Colaboración con fugas o actividades delictivas organizadas: también puede derivar en la prohibición definitiva de ingreso.

Rus sostuvo que la iniciativa busca profundizar las medidas contra el comercio ilegal dentro de las cárceles, incluido el tráfico de drogas. En ese sentido, indicó que el proyecto contempla sanciones por estas prácticas tanto para las visitas como dentro del propio Servicio Penitenciario.

Muy Alto Perfil: de la práctica a la ley

Otro de los ejes de la reforma es la incorporación legal del régimen de Muy Alto Perfil (MAP), que ya funciona en el complejo penitenciario Almafuerte II. Está destinado a internos considerados de riesgo extremo por su capacidad de ejercer violencia, intentar fugas, influir sobre otros presos o mantener vínculos con organizaciones criminales.

El sistema contempla aislamiento, monitoreo permanente y controles reforzados. Con la modificación, se establecerán criterios objetivos para clasificar a los internos, entre ellos la participación en motines, la toma de rehenes, las amenazas al personal penitenciario y las comunicaciones clandestinas.

Además, el proyecto prevé fortalecer las herramientas de información e inteligencia penitenciaria para anticipar delitos, prevenir hechos de violencia y detectar actividades criminales organizadas que puedan desarrollarse desde el encierro.

Qué pasará con los celulares secuestrados

Los equipos que puedan reacondicionarse serán destinados a escuelas técnicas y otras iniciativas educativas. Los que no estén en condiciones de volver a utilizarse serán evaluados para recuperar sus componentes y materiales aprovechables como materia prima.

La propuesta contempla la participación de la Asociación Civil Traperos de Emaús y de programas de economía circular impulsados por la cartera de Ambiente.

Los residuos que no puedan recuperarse serán trasladados al Centro de Disposición Final autorizado de El Borbollón, con el objetivo de garantizar su tratamiento adecuado y la trazabilidad de los materiales descartados. Así, el proyecto combina el endurecimiento del régimen disciplinario con una estrategia para gestionar los dispositivos electrónicos que se retiran de las cárceles.