¿Qué tienen que tener los municipios para poder inspeccionar y firmar los certificados contra incendios? La condición que fijó el decreto que ya rige en Mendoza.
El Gobierno de Mendoza puso en marcha un nuevo esquema para controlar la seguridad contra incendios en los establecimientos de la provincia. Lo hizo a través del Decreto 2476, que reglamenta los cambios que la Ley 9688 introdujo al régimen de certificaciones de la Ley 7499.
La norma lleva la firma del gobernador Alfredo Cornejo y de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. Se firmó el 12 de noviembre y salió publicada en el Boletín Oficial este martes 17.
El texto reparte las inspecciones entre la Dirección de Bomberos, los municipios y otros organismos habilitados, y fija un régimen de multas que puede llegar a las 8.000 Unidades Fijas, además de clausuras para los que no cumplan con las exigencias de prevención.
Qué municipios podrán emitir los certificados
El cambio más relevante pasa por el rol de las comunas. Los municipios podrán emitir certificados de seguridad contra incendios para los establecimientos que estén dentro de sus competencias, pero con una condición: tienen que contar con un área técnica especializada.
Esa área deberá tener profesionales matriculados, equipamiento adecuado y capacidad para hacer inspecciones, auditorías y verificaciones. Los departamentos que no tengan esa estructura seguirán dependiendo de la Dirección de Bomberos de la Policía de Mendoza.
Bomberos también conservará competencia sobre edificios, locales y espacios públicos, sobre los establecimientos que use el Estado provincial o nacional y sobre otros casos que detalla la reglamentación.
Inspección anual e inspección final: las dos instancias obligatorias
Los sistemas de protección contra incendios deberán revisarse al menos una vez por año para mantener vigente la certificación. Los controles tienen que verificar el funcionamiento de extintores, alarmas, hidrantes, rociadores, iluminación de emergencia, sistemas de evacuación y el resto de los elementos exigidos según el tipo de establecimiento.
A eso se suma una instancia previa a la emisión o renovación del Certificado de Medidas de Protección Aptas Contra Incendios (Ce.Me.P.A.C.I.): una inspección técnica final que compruebe que las instalaciones coinciden con los planos aprobados y funcionan como corresponde.
Multas: cuánto se paga según la falta
El decreto arma un esquema de sanciones con tres escalones. Las infracciones leves se castigan con multas de entre 100 y 500 Unidades Fijas; las graves, de 501 a 2.000; y las muy graves, de 2.001 a 8.000. El valor de referencia es la Unidad Fija que usa la legislación provincial de tránsito.
Dentro de las graves entran la omisión de la inspección anual obligatoria, las deficiencias de mantenimiento que reduzcan la eficacia de los sistemas de protección y los obstáculos que se pongan a los inspectores.
Las muy graves incluyen funcionar sin el certificado obligatorio, bloquear salidas de emergencia, inutilizar sistemas de protección o falsificar documentación de seguridad. En estos casos también se podrán disponer clausuras temporarias o inhabilitaciones de instalaciones cuando haya peligro inminente para las personas.
Qué pasa con los reincidentes
El régimen prevé castigos más duros para quienes reinciden. Si un establecimiento vuelve a cometer una infracción dentro de los dos años posteriores a una sanción firme, la multa puede subir un 50% y llegar a un máximo de 12.000 Unidades Fijas. También se contemplan clausuras de hasta 30 días por reincidencia en faltas graves o muy graves.
Plazos para adecuarse y el rol de los Bomberos Voluntarios
La normativa permite otorgar plazos excepcionales de adecuación a los establecimientos que necesiten hacer obras para cumplir con las condiciones exigidas. Para acceder, el responsable deberá presentar un proyecto técnico con un cronograma de trabajos, firmado por un profesional habilitado.
Ese beneficio no borra la obligación de obtener el certificado. Si el responsable incumple las etapas previstas, podrá disponerse la clausura preventiva del sector afectado.
Además, los organismos responsables podrán convocar a asociaciones de Bomberos Voluntarios para colaborar en las inspecciones y verificaciones técnicas. Esas entidades deberán cumplir requisitos de operatividad y capacitación, y podrán acordar con los municipios una contraprestación por los servicios prestados.
Por último, los certificados emitidos antes de la nueva reglamentación mantienen su validez hasta su vencimiento, previsto a los cinco años, salvo que haya modificaciones sustanciales en las condiciones del establecimiento. Los trámites ya iniciados siguen adelante ante el organismo que los recibió.