Mendoza avanza sobre terrenos privados: el plan millonario que busca cambiar el Perilago para siempre

Una resolución oficial despejó el camino para que el Estado ocupe terrenos clave en Luján de Cuyo. El Departamento General de Irrigación (DGI) autorizó este miércoles a la empresa AySAM a intervenir en propiedades privadas, declarándolas de “utilidad pública”. El objetivo es construir un acueducto vital para el ambicioso Master Plan de Desarrollo Turístico del Perilago de Potrerillos.

La medida, firmada por el Superintendente General de Irrigación, establece una “ocupación temporaria” sobre cuatro parcelas ubicadas en la Ruta Nacional N° 7, a la altura del kilómetro 1091. La normativa busca garantizar la “servidumbre de tránsito y acueducto”, otorgando a la Provincia el derecho legal de usar franjas de tierra para instalar cañerías y realizar perforaciones de agua subterránea.

¿Qué empresas se ven afectadas?

Los terrenos involucrados pertenecen a las firmas Ramón J.C. Lo Bianco S.A. y COBEC S.A. En total, la superficie afectada supera los 9.000 metros cuadrados entre los distintos polígonos identificados en la resolución publicada en el Boletín Oficial. AySAM SAPEM será la entidad encargada de gestionar las transferencias o expropiaciones necesarias.

El carácter de la ocupación es preventivo. Esto significa que se establece la servidumbre hasta que se finalicen las obras y se realice la demarcación definitiva en el Registro de la Propiedad. Todos los inmuebles están en la zona núcleo del desarrollo turístico proyectado para Potrerillos.

La infraestructura que lo hace posible

Este trámite no es un paso aislado, sino una pieza fundamental para transformar el Perilago en un polo turístico de nivel internacional. Sin la provisión de agua potable y un sistema de saneamiento adecuado, sería imposible sustentar los emprendimientos hoteleros y gastronómicos previstos en el plan maestro.

El proyecto central es la construcción de un acueducto de 800 mm de diámetro, una obra de infraestructura hídrica esencial para dotar de servicios básicos a la zona. La resolución habilita el avance administrativo que marca el inicio inminente de los trabajos de campo en una de las áreas más bellas y codiciadas de Mendoza.

Los propietarios de los terrenos afectados tienen ahora un plazo de diez días hábiles para apelar la resolución ante el Consejo de Irrigación, tal como lo establece la Ley 322. Mientras tanto, la maquinaria estatal avanza para concretar un proyecto que promete redefinir el futuro turístico de la provincia.