Mendoza blindó la emergencia por El Niño: quién maneja los fondos y qué se podrá hacer sin licitación

La Legislatura de Mendoza convirtió en ley la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en todo el territorio provincial, con el fenómeno de El Niño como telón de fondo. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la versión revisada que llegó desde el Senado y le puso punto final al trámite parlamentario de un proyecto que envió el Poder Ejecutivo.

La norma rige por 180 días, con la posibilidad de sumar otros 180 a través de un decreto fundado. La idea central es darle al Estado provincial un paraguas excepcional para mover rápido las obras preventivas, afinar el monitoreo y ordenar la respuesta ante lluvias intensas u otros eventos que pongan en riesgo a la población, la infraestructura, los servicios esenciales, el agua y la producción.

Qué cambió el Senado antes de la sanción

El texto no salió del Senado tal como llegó. Los ajustes se concentraron en tres frentes: la coordinación de las intervenciones, la detección de puntos críticos y los mecanismos de rendición de cuentas. Con esas modificaciones incorporadas, Diputados respaldó la versión corregida y la convirtió en ley.

Uno de los cambios clave es que la identificación de los sectores críticos y la priorización de las obras para bajar riesgos en los servicios esenciales podrán apoyarse en informes del Departamento General de Irrigación. Además, se cayó el artículo que obligaba a los municipios, a Irrigación y a los entes descentralizados a dictar sus propias normas para aplicar la ley.

En cuanto al control, la autoridad de aplicación deberá producir informes trimestrales y enviarlos a ambas cámaras de la Legislatura dentro de los 30 días posteriores al cierre de cada trimestre, contados desde que la ley entre en vigencia.

Quién aplica la emergencia y qué herramientas tendrá

El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial será el encargado de aplicar la norma y tendrá 10 días hábiles para reglamentarla. En la implementación también participarán Irrigación y los demás organismos competentes, con el objetivo de aceitar la coordinación institucional y mejorar la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo.

Entre los instrumentos más sensibles aparece la posibilidad de agilizar contrataciones para atender situaciones directamente vinculadas con la emergencia. La ley también habilita la ejecución urgente de obras hidráulicas y de drenaje, intervenciones en cauces y canales, mantenimiento de caminos y la ampliación de la red provincial de monitoreo preventivo.

Ese margen, sin embargo, no es libre: el uso de las herramientas deberá ceñirse a las necesidades de la emergencia y a criterios de razonabilidad, eficiencia, publicidad, transparencia y control.

Alertas tempranas y trabajo con los municipios

La declaración se suma al plan provincial de prevención que el gobernador Alfredo Cornejo presentó en agosto junto a su gabinete, intendentes y organismos vinculados a la gestión de emergencias. La apuesta es reforzar las alertas tempranas y el intercambio de información entre la Provincia, los municipios, Irrigación, los prestadores de servicios públicos y otras instituciones con responsabilidades en la materia.

El objetivo declarado es detectar mejor los puntos críticos, anticipar el impacto de las precipitaciones intensas y coordinar las intervenciones para reducir daños en zonas vulnerables y sostener la continuidad de los servicios esenciales. Para eso, el Gobierno provincial busca información actualizada que le permita ajustar las medidas preventivas según evolucionen las condiciones meteorológicas e hidrológicas.

De reaccionar a prevenir: el cambio de enfoque

Los fundamentos de la iniciativa plantean un giro en la gestión de las contingencias climáticas: menos respuesta de urgencia y más anticipación, análisis científico y cooperación entre organismos públicos. Según el texto, la meta es pasar de un modelo predominantemente reactivo a otro basado en la prevención, la información científica y la gestión integral del riesgo.

La prioridad, de acuerdo con los fundamentos oficiales, es proteger la vida y la salud de las personas, los recursos hídricos, el ambiente, la producción, los bienes y la infraestructura esencial de Mendoza mediante medidas temporales, sujetas a controles y respaldadas técnicamente.

Con la sanción legislativa, la Provincia queda con un marco excepcional para acelerar las intervenciones preventivas y reforzar la coordinación frente a los posibles efectos de El Niño durante el período 2026-2027.