Mendoza blindó los edificios de Cultura: la cifra que pagará por seis meses de vigilancia
La Provincia estiró el contrato con Alta Seguridad S.A. por seis meses más para custodiar los edificios de Cultura. El monto total ya está fijado y se reparte entre dos ejercicios, pero quién pone qué parte cambia el año que viene.
El Gobierno de Mendoza volvió a apostar a la seguridad privada para custodiar los edificios de la Subsecretaría de Cultura. A través del Decreto 1873, fechado el 2 de septiembre de 2026 y publicado en el Boletín Oficial, la Provincia extendió por seis meses el contrato con Alta Seguridad S.A., la firma encargada de la vigilancia presencial y la videovigilancia en esos inmuebles.
La prórroga arrancó a regir el 4 de septiembre y se mantendrá vigente hasta marzo de 2027. El desembolso total para sostener el servicio asciende a $1.722.009.600, según detalla la norma oficial.
Qué cubre el contrato
El acuerdo abarca la presencia de personal de seguridad en los distintos edificios que dependen de la Subsecretaría de Cultura, dentro del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas. A eso se suma el funcionamiento de los dispositivos electrónicos de monitoreo ya instalados en los establecimientos.
Alta Seguridad S.A. no es una cara nueva en el mapa provincial: la empresa presta servicios a otros organismos mendocinos como el Ministerio de Salud y Deportes, la Municipalidad de Godoy Cruz y el Ente Mendoza Turismo (EMETUR).
Cómo se reparte el gasto entre dos años
Según lo establecido en el decreto, el monto se financiará con partidas presupuestarias de 2026 y 2027. Para el ejercicio de este año, la Provincia imputará $1.145.697.600, mientras que los $576.312.000 restantes saldrán del presupuesto del año próximo.
La renovación se concretó a partir de una opción de prórroga contemplada en los pliegos de la licitación pública original, que había sido aprobada por el Decreto 402/26. La empresa aceptó continuar con la prestación durante otros seis meses y bajo las mismas condiciones técnicas y particulares.
El aval administrativo
El contrato le permite a los servicios administrativos provinciales realizar las imputaciones presupuestarias correspondientes al próximo ejercicio, dado que la extensión abarca dos años fiscales.
La prórroga fue aprobada por los organismos administrativos y jurídicos intervinientes, que consideraron procedente la continuidad del servicio de acuerdo con las condiciones fijadas en la licitación.
