Mendoza cambia las reglas del juego: el millonario negocio detrás de las playas de secuestro

El servicio de acarreo y gestión de vehículos secuestrados en Mendoza ya no está en manos del Estado. Este miércoles, el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, anunciaron el inicio formal de las operaciones a cargo de un consorcio privado, prometiendo mayor agilidad y un menor impacto ambiental. La presentación se realizó en la nueva playa de secuestros ubicada en calle Rodríguez Peña, de Maipú.

Se trata de un terreno provisto por el Ejecutivo, donde la empresa adjudicataria instaló y adquirió maquinaria para comenzar a funcionar. La operación quedó en manos de la Unión Transitoria de Empresas compuesta por RED COEN SA y ECUR SA, en asociación con Acindar Metálica Acmet S.A.

¿Cómo se llegó a este cambio?

Este consorcio fue el único oferente en la licitación pública convocada en 2024, y la adjudicación se concretó en abril del año pasado. Desde entonces, la empresa dedicó varios meses a adecuar la infraestructura y cumplir con las medidas de seguridad requeridas, un proceso que ya culminó.

Durante el anuncio, la ministra Rus destacó la importancia del cambio: “Es importante porque le da orden a la gestión de secuestros tanto de la Policía Vial como judiciales. Soluciona un problema, porque no funcionaba bien. La chatarra no compactada generaba problemas de seguridad y también medioambientales”. Además, agregó que el nuevo sistema cuenta con tecnología que permitirá la trazabilidad de los vehículos.

Una red que se expande en la provincia

La playa inaugurada en Maipú será la primera y atenderá a todo el Gran Mendoza. Sin embargo, el plan es más ambicioso. En el marco del mismo contrato, se implementarán otras playas en la Zona Este, el Valle de Uco y el sur provincial.

Para que el sistema opere con eficiencia, se requieren convenios entre el Gobierno y los municipios. Rus confirmó que ya hay algunos adheridos, como Guaymallén, Godoy Cruz y Luján, y que se avanza en las tratativas con Maipú y Las Heras. También se está trabajando con el Ministerio Público Fiscal para la gestión de vehículos judicializados.

Un cambio inmediato para los ciudadanos es la reducción de plazos. Mientras antes un propietario tenía seis meses para reclamar y regularizar su vehículo, ahora el plazo se reduce a dos meses.

El objetivo: ordenar un caos acumulado

El Gobierno mendocino busca que las empresas trabajen sobre dos tipos de vehículos: aquellos secuestrados bajo la Ley Provincial de Seguridad Vial Nº 9.024 y los involucrados en causas judiciales, regulados por la Ley N° 6.816 de Mendoza.

La gestión de los vehículos judicializados o secuestrados es un tema de larga data. Una compactación masiva realizada en 2024 permitió liberar la ex playa de secuestros San Agustín –que había sufrido un incendio–, un terreno donde ahora se proyecta la construcción de un barrio.

Los números de un negocio multimillonario

La privatización de este servicio, proyectada desde 2024, tiene una clara intención: liberar recursos. Se estima que alrededor de 100 policías por día estaban destinados a la custodia de vehículos. El ahorro en recurso humano superaba, en su momento, los 1.700 millones de pesos anuales, sin contar gastos en grúas, personal administrativo, logística y alquileres.

Sin embargo, el contrato no es barato para el Estado. El consorcio empresarial se adjudicó un negocio que supone un gasto estatal superior a los 13.260 millones de pesos totales por los 10 años que dura el convenio.

¿Cómo recuperan la inversión las empresas? Tendrán varias unidades de negocio: podrán cobrar a los propietarios por el acarreo de los vehículos secuestrados, por el día de estadía en la playa, por la venta de vehículos liberados para remate y por la venta de la chatarra producto de la compactación. A cambio, solo deberán entregar al Estado mendocino una retribución mensual equivalente al 3% de sus ganancias.

“La privatización nos permite disponer de personal policial valioso a favor de la seguridad pública y el ahorro de costos logísticos. Prefiero poner el recurso a disposición de la seguridad en espacios públicos y no en un reducto para evitar que alguien no se robe el espejo de un auto que está juntando polvo”, argumentó la ministra Rus. Consultada por las estimaciones de ahorro estatal, la calificó directamente como “incalculable”.