Mendoza cambia las reglas del juego petrolero: las empresas ahora competirán por cuánto pagar

La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la ley de Hidrocarburos y el esquema de regalías deja de ser fijo: las compañías ofertarán el porcentaje al licitar cada área. El Ejecutivo busca con esta norma atraer inversiones, subir la producción y abrir la puerta al desarrollo no convencional de Vaca Muerta en suelo mendocino.

La iniciativa que el Gobierno envió a la Legislatura obtuvo media sanción este miércoles. El texto plantea un régimen flexible para definir regalías e incentivos, y a la vez actualiza las obligaciones ambientales y los mecanismos de fiscalización y control.

Cómo funcionará el nuevo esquema de regalías

Hasta ahora la ley fija una regalía general del 12% sobre la producción y permite bajarla hasta el 5% según las características de cada proyecto. La reforma cambia la lógica: el porcentaje de referencia pasa a ser del 15% y, al momento de licitar, las empresas que compitan por cada área ofertarán un número mayor o menor.

Así, la regalía deja de quedar atada de manera rígida y se define a partir de la oferta, contemplando las particularidades de cada yacimiento, tanto para petróleos convencionales como no convencionales. Con ese mecanismo, el Ejecutivo espera fomentar la inversión, aumentar la producción, generar más ingresos para las arcas provinciales y, en consecuencia, incrementar los recursos coparticipables.

Para la adjudicación también se evaluarán el valor total del proyecto, la producción prevista y las inversiones comprometidas. Según el Ejecutivo, el monto de inversión tendrá un peso preponderante.

Incentivos para las áreas más difíciles

El proyecto prevé beneficios para movilizar inversiones en zonas donde recuperar producción resulta más complejo: reducciones de regalías para la reactivación de pozos inactivos, la exploración complementaria, la producción de crudos pesados y los proyectos de recuperación mejorada. En esos casos, con fundamento técnico, podrán incluso ubicarse por debajo del 5%.

También se podrá compensar parcialmente el canon de explotación cuando una compañía realice nuevas inversiones de riesgo exploratorio, siempre que invierta al menos el doble del monto que pretende compensar. Y para los permisos de exploración se podrá reducir hasta un 80% el canon correspondiente a una prórroga.

Vaca Muerta en Mendoza y el peso de Malargüe

Una de las modificaciones centrales es la incorporación de las concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos, una figura que la Ley de 2006 no contemplaba. El proyecto habilita la reconversión de concesiones hacia este régimen de acuerdo con la legislación nacional y establece un marco provincial específico para los proyectos no convencionales.

El cambio tiene especial relevancia para Malargüe y la lengua mendocina de Vaca Muerta, donde desarrollar los recursos exige inversiones intensivas, plazos más largos y condiciones distintas de las que demanda un yacimiento convencional maduro.

Más obligaciones ambientales y sanciones atadas a la nafta

La iniciativa refuerza las responsabilidades ambientales durante todo el ciclo de vida de los yacimientos, desde la exploración y explotación hasta el cierre y abandono definitivo. Las empresas deberán prevenir y mitigar impactos, realizar los monitoreos correspondientes y, cuando sea necesario, recomponer o restaurar el ambiente.

Además, queda establecido expresamente que la salida de una empresa de un área no extingue las obligaciones ambientales generadas durante su operación. Las compañías deberán presentar cada dos años una Declaración Jurada de Buenas Prácticas de carácter público, con información sobre comunidad, ambiente, capacitación laboral, proveedores locales, transparencia, integridad, higiene y seguridad.

La reforma también reemplaza el sistema de multas expresadas en pesos, cuyos montos quedaron desactualizados. Las nuevas sanciones se calcularán tomando como referencia el precio de la nafta súper y las infracciones se clasificarán en leves, graves, muy graves y gravísimas.

Se crea, por otro lado, una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera destinada a financiar inspecciones, fiscalización, equipamiento y fortalecimiento técnico. Esa tasa no podrá superar el 0,8% del monto correspondiente a regalías y/o cánones de cada actividad.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Hidrocarburos, que tendrá a su cargo el control de la producción y del cumplimiento de las obligaciones de las operadoras, además de la supervisión de los pozos desde su perforación hasta su abandono definitivo en coordinación con la autoridad ambiental.

Los cruces en el debate

La diputada Sol Salinas (Unión PRO) defendió el proyecto al señalar que "la ley quedó desfasada" y sostuvo que hace falta un marco normativo de referencia que trascienda las distintas gestiones de gobierno y garantice la sostenibilidad y la competitividad de los recursos naturales para las próximas generaciones.

En cambio, Jorge Difonso (LUM), uno de los que votó en contra, afirmó que durante el debate "se perdió la oportunidad de focalizar estos ingresos en un fondo específico y que no vaya a rentas generales". También criticó que no se establezca con claridad cómo se evaluarán las inversiones de las empresas para recibir compensaciones y cuestionó la facultad que se otorga a EMESA para realizar contrataciones directas con operadores de área.