Mendoza cambia las reglas del tránsito: ahora cualquier vecino puede ser el que te “multa”

La provincia dio un paso sin precedentes en el control vial. A partir de este miércoles, la ley conocida como “Cámara Testigo” habilita a todos los ciudadanos a captar infracciones con sus teléfonos y enviar las pruebas a las autoridades, en un esquema que combina tecnología, participación social y validación judicial para ampliar el alcance del control estatal.

Este nuevo sistema mixto transforma radicalmente el paradigma de la seguridad vial en las calles mendocinas. Ya no serán únicamente los agentes de tránsito o los radares oficiales los encargados de detectar las faltas.

¿Cómo funciona esta nueva vigilancia ciudadana?

Cualquier persona que sea testigo de una maniobra peligrosa, un cruce en rojo o un estacionamiento indebido podrá tomar una foto o grabar un video. Este material deberá enviarse a través de canales digitales oficiales establecidos por la provincia, como plataformas web o aplicaciones de mensajería.

En la práctica, esto significa que el control deja de ser una tarea exclusivamente estatal para incorporar una lógica colaborativa. Las situaciones irregulares podrán ser capturadas en tiempo real por los propios conductores, ciclistas o peatones que circulan a diario.

Una advertencia clave sobre el valor de las pruebas

Sin embargo, la ley es muy clara en un punto fundamental para evitar abusos. Los envíos de los ciudadanos no constituyen una denuncia formal ni tienen validez automática como prueba contundente. Legalmente, se los define como una “comunicación ciudadana”.

El material enviado por sí solo no tendrá fuerza probatoria para generar una multa directa. Su verdadero valor es que puede activar un proceso administrativo. Las autoridades podrán analizar el contenido y, si lo consideran pertinente, elevarlo al juzgado vial correspondiente junto con un informe preliminar.

El rol crucial de los juzgados viales

Con la entrada en vigencia de este sistema, los juzgados viales tendrán una tarea más activa y protagónica. Serán los encargados de analizar cada caso presentado, determinar la validez del material audiovisual y decidir si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación más profunda.

Este filtro judicial busca equilibrar la apertura del sistema, evitando que denuncias infundadas o con indicios de manipulación generen consecuencias injustas. Las autoridades tienen la potestad de descartar registros que no correspondan a la jurisdicción o que presenten señales de falsedad.

Se espera que este mecanismo derive en un incremento en la cantidad de expedientes que llegan a los tribunales, pero también en un control más exhaustivo, donde las infracciones ya no dependan únicamente de la presencia física de un control en el lugar y momento exacto.