Mendoza depende de un insumo importado para sus viñedos: el proyecto que busca cambiarlo dio un paso clave en el Senado

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero Cobre San Romeleo, ubicado en Malargüe, obtuvo despacho en las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, con lo que arrancó formalmente su recorrido legislativo.

El expediente reúne informes técnicos y sectoriales derivados de la audiencia pública y del procedimiento de evaluación ambiental. Ahora deberá ser analizado por diputados y senadores para su ratificación.

La iniciativa contempla la explotación del yacimiento para obtener óxido de cobre, que después se procesa y se convierte en sulfato de cobre pentahidratado, un insumo clave para el control de enfermedades en distintos cultivos, sobre todo la vid.

Un insumo que hoy llega de afuera

Durante el plenario de comisiones, el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda; el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández; y el director de Agricultura, Alfredo Draque, expusieron los detalles de la DIA.

La vicegobernadora Hebe Casado subrayó que la actividad minera puede aportar un insumo que actualmente se importa y que se usa en procesos agrícolas, en particular las sales de cobre para el control de hongos y bacterias.

Draque precisó que en Mendoza el sulfato de cobre se emplea principalmente en los viñedos como parte del caldo bordelés, una mezcla tradicional para combatir enfermedades de la vid, y también en cultivos hortícolas y frutales. La provincia consume cerca de 1.000 toneladas anuales de estas sales, mientras que San Romeleo podría producir alrededor de 700 toneladas de cobre por año.

Qué dicen los números del proyecto

Se trata de una iniciativa de minería metalífera de pequeña escala, con capacidad para procesar 40 toneladas diarias de mineral y reservas estimadas en 257.000 toneladas, con una ley media de 1,29% de cobre. Eso le daría una vida útil aproximada de 20 años.

Los controles ambientales

Leonardo Fernández detalló los aspectos centrales de la DIA y remarcó que los proyectos mineros deben actualizar sus estudios de impacto ambiental cada dos años. Cualquier modificación de infraestructura o de procedimientos tiene que ser comunicada a la autoridad ambiental minera para su evaluación.

Entre los factores que contempla la declaración figuran la línea de base ambiental, los monitoreos ambientales y sociales, los planes de contingencia y los mecanismos para comunicar eventuales incidentes.

Dictámenes y participación ciudadana

Sánchez Bandini repasó las etapas del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Se sumaron dictámenes técnicos y sectoriales del Departamento General de Irrigación, la Municipalidad de Malargüe, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y otras áreas provinciales.

También hubo instancias de participación ciudadana, con talleres y una audiencia pública realizada el 6 de diciembre de 2025 en las inmediaciones del proyecto, en Malargüe. El proceso incluyó la intervención de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), integrada por organismos provinciales, instituciones científicas y académicas, el INTA, el CONICET Mendoza, universidades, Irrigación y la Municipalidad de Malargüe, entre otros.