Mendoza descentraliza el arbolado: los municipios toman el control y la Provincia fija las reglas

El Gobierno de Mendoza reglamentó la Ley 9702, sancionada en marzo, que actualiza el régimen de protección del arbolado público. La nueva normativa entrega a los municipios la gestión cotidiana de los árboles urbanos, pero la Provincia conserva la supervisión ambiental y la administración de la plataforma digital.

La reglamentación define con precisión las responsabilidades sobre un patrimonio esencial para los mendocinos. Las comunas deberán ocuparse del cuidado, mantenimiento, fiscalización y control de los árboles en calles, avenidas, plazas y paseos de cada departamento. En tanto, la Provincia, por medio de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, fijará y controlará los criterios ambientales comunes para todo el territorio.

¿Qué cambia para los municipios?

La novedad central es la obligación de presentar, cada cuatro años, un Plan de Manejo Integral del Arbolado Público. Este documento tendrá carácter de declaración jurada y servirá para ordenar las intervenciones y proyectar el desarrollo del bosque urbano a largo plazo.

Además, se establece una regla de compensación clara: por cada árbol erradicado, deberán plantarse al menos tres ejemplares nuevos. Esa proporción puede aumentar según la edad, el tamaño y el valor ecológico del árbol afectado.

La plataforma “Mi Árbol” seguirá siendo el registro digital oficial. Los municipios deberán cargar en tiempo real las erradicaciones, talas y nuevas plantaciones. La Provincia, a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial, administrará el sistema y brindará capacitación y soporte técnico.

Los municipios del Gran Mendoza que ya usan la plataforma deberán mantener actualizados sus datos. Aquellos que no tengan censo previo tendrán 90 días corridos desde la creación de su usuario para completar la carga.

¿Qué criterios ambientales se aplicarán?

La reglamentación incorpora parámetros para elegir especies y distribuirlas. Se priorizará la capacidad de generar sombra, la continuidad de la canopia, la resistencia al estrés urbano y fitosanitario, y la permeabilidad frente a gases contaminantes. También se evitarán especies con espinas o frutos peligrosos.

La decisión entre mantener homogeneidad de especies o avanzar hacia policultivos deberá contar con fundamento técnico, adaptándose a las condiciones de cada sector.

Se busca además compatibilizar el crecimiento urbano con el bosque. La norma propone que los códigos de edificación contemplen el espacio necesario para copas y raíces, la luz solar disponible y la coordinación entre áreas municipales de obras privadas, planeamiento y arbolado antes de aprobar proyectos que afecten ejemplares existentes.

¿Cuándo se puede erradicar un árbol?

La erradicación queda limitada a situaciones técnicamente justificadas, como muerte o deterioro irreversible, problemas graves de estabilidad, daños sin alternativa sobre infraestructura, enfermedades incurables o riesgos para la seguridad y funcionalidad urbana.

El mantenimiento, poda, erradicación y manipulación del arbolado público seguirá siendo exclusivo de las autoridades competentes. Los particulares no podrán realizar estas tareas. Los vecinos podrán denunciar falta de riego, plagas, enfermedades o intervenciones indebidas a través de los canales oficiales, incluida la plataforma digital.

¿Qué sanciones se contemplan?

La reglamentación crea el Certificado de Gestión del Arbolado Público, de carácter anual, que acreditará el cumplimiento municipal de los lineamientos técnicos. Obtenerlo será requisito para acceder a la coparticipación del Fondo Forestal.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, con sanciones que van desde apercibimientos y multas hasta obligaciones de recomposición, reparación o compensación.

Con esta reglamentación, Mendoza refuerza la protección de su patrimonio ambiental con criterios comunes, planificación a largo plazo, información unificada y herramientas tecnológicas de seguimiento.