Mendoza en alerta por El Niño: el Senado aprobó la emergencia, pero la letra chica la define Diputados
Mendoza declaró la emergencia por El Niño, pero la medida todavía no está firme y hay un detalle que define cuánto le va a costar a los vecinos: las multas por tirar residuos en la calle o en los canales ya tienen nuevo monto, y el número no es el que muchos imaginaban.
El Senado de Mendoza le dio media sanción este martes a la declaración de emergencia por riesgo hidrometeorológico y climatológico frente a la llegada del fenómeno de El Niño, pero la norma no quedó firme: volverá a la Cámara de Diputados porque el texto original fue modificado a pedido de la oposición.
El radicalismo logró imponer el tratamiento sobre tablas al reunir los dos tercios de los votos, pese a que el proyecto no estaba en el temario acordado. Así, la iniciativa llegó al recinto sin pasar por comisiones, el ámbito donde habitualmente se analizan las propuestas y se emiten los despachos.
El peronismo cuestionó esa maniobra y se aprestaba a votar en contra. Sin embargo, los cambios que aceptó el oficialismo terminaron de destrabar el consenso. La semana pasada la norma había obtenido media sanción en Diputados, que ahora deberá revisar las modificaciones.
Qué busca la declaración de emergencia
El proyecto del Ejecutivo provincial apunta a anticiparse a los posibles efectos del Súper Niño y a reforzar la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias. La emergencia regirá por 180 días y habilitará mecanismos de contratación directa y ejecución urgente de obras hidráulicas y de drenaje, siempre bajo criterios de "razonabilidad, eficiencia, publicidad, transparencia y control", según indicó el Gobierno.
La norma también contempla tareas de mantenimiento y adecuación de cauces y canales, la aceleración de trabajos en caminos que puedan verse afectados, y el mejoramiento del intercambio de información y de los sistemas de alerta temprana. A eso se suma la identificación de puntos críticos para actuar en las zonas de mayor riesgo.
Otro eje central es la coordinación entre el Gobierno, los municipios, el Departamento General de Irrigación, los prestadores de servicios públicos y otros organismos competentes, con el fin de ordenar las intervenciones y evitar demoras. Además, se prevé ampliar la red provincial de monitoreo preventivo de eventos hidrometeorológicos.
Las críticas de la oposición en el recinto
El Partido Justicialista decidió no acompañar el proyecto, a diferencia de lo que había ocurrido en Diputados. En cambio, el sector kirchnerista (Frente Patria) optó por votar a favor. La oposición reclamó modificaciones en los artículos referidos a la adhesión de los municipios, la obligación de rendir cuentas de lo ejecutado y la identificación de zonas críticas.
"A los empujones nunca es bueno", remarcó el senador Pedro Serra (PJ). En la misma línea, Adriana Cano (PJ) sostuvo que "la emergencia tiene justificación", pero advirtió que el oficialismo incurrió en una "falta institucional" al acelerar el tratamiento y evitar que funcionarios asistieran a comisiones a brindar detalles, algo que estaba previsto para el próximo miércoles.
Tras un largo cuarto intermedio, las partes acercaron posiciones y el peronismo cambió su postura: aportó sus votos para que la norma regrese a Diputados.
Multas más caras durante la emergencia
La reciente modificación del artículo 127 del Código Contravencional, aprobada por la Legislatura, duplicó las sanciones por arrojar basura y otros residuos en espacios públicos y cauces de agua durante la vigencia de alertas, emergencias o estados de catástrofe.
El arrojo o acumulación de escombros, residuos, malezas, aguas servidas o metales será sancionado con multas de entre $1.200.000 y $2.400.000. La norma también prevé la posibilidad de arresto y de trabajo comunitario de limpieza como medida de reparación del daño ocasionado.