Mendoza endurece las reglas: por cada árbol que se tale habrá que plantar tres
¿Sabías que ahora cada árbol talado en Mendoza deberá ser reemplazado por tres? La nueva reglamentación de la Ley 9702 trae reglas más duras para municipios y multas que van desde apercibimientos hasta sanciones económicas. Enterate de todos los detalles.
El Gobierno de Mendoza dio un paso clave en la protección del arbolado público al reglamentar la Ley 9702, sancionada en marzo pasado. Desde ahora, cada árbol que se erradique deberá ser compensado con al menos tres ejemplares nuevos, una medida que busca frenar la pérdida del bosque urbano en toda la provincia.
La normativa establece un marco común para que los municipios gestionen sus espacios verdes con criterios técnicos unificados y un seguimiento digital más estricto. La idea es que ninguna poda, tala o extracción quede fuera del control estatal.
¿Qué cambia para los municipios?
Los gobiernos locales ahora tienen la responsabilidad directa del cuidado, mantenimiento y fiscalización de los árboles en calles, avenidas, plazas y paseos. La Provincia, por su parte, fijará los lineamientos ambientales generales y supervisará que se cumplan.
Uno de los puntos más fuertes de la reglamentación es la obligación de presentar, cada cuatro años, un Plan de Manejo Integral del Arbolado Público. Ese documento, que tendrá carácter de declaración jurada, deberá incluir tareas de riego, poda, control sanitario, extracción y reposición, además del tratamiento de ejemplares con riesgo de caída y el mantenimiento de acequias y nichos.
La compensación no se limita a la regla de tres por uno: si el árbol erradicado tiene un valor ecológico, antigüedad o tamaño especial, la cantidad de reposiciones podrá ser aún mayor.
Mi Árbol: el registro que controla todo
La plataforma digital 'Mi Árbol' seguirá siendo el corazón del sistema. Allí los municipios deberán cargar cada erradicación, tala o nueva plantación, y mantener los datos al día.
Los departamentos del Gran Mendoza tendrán que actualizar su información de forma continua. Mientras tanto, aquellos que todavía no cuenten con un censo previo dispondrán de 90 días corridos desde la creación de su usuario para incorporar todos los datos.
El sistema no solo servirá para controlar, sino también para generar reportes públicos y hacer un seguimiento detallado de las intervenciones sobre el patrimonio forestal.
¿Cuándo se puede tirar un árbol?
La nueva reglamentación deja en claro que la erradicación solo está permitida en casos técnicamente justificados: muerte del ejemplar, deterioro irreversible, problemas graves de estabilidad, enfermedades incurables o daños que no se puedan resolver con otras técnicas de manejo.
Quedan prohibidas las talas por motivos estéticos o comerciales. Ya no se podrá sacar un árbol porque tape un cartel publicitario o una fachada, ni por la caída de hojas o flores. Tampoco las alergias estacionales serán excusa si existen alternativas técnicas posibles.
Si un árbol representa un riesgo inminente de caída, las autoridades deberán retirarlo de inmediato y luego presentar un informe técnico con fotografías que respalden la decisión.
Multas y certificados: el nuevo esquema de control
La reglamentación también crea un Certificado de Gestión del Arbolado Público, de carácter anual, que acreditará el cumplimiento de los requisitos técnicos. Sin ese certificado, los municipios no podrán acceder a los beneficios de coparticipación del Fondo Forestal.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. Las sanciones van desde apercibimientos hasta multas y la obligación de recomponer, reparar o compensar el daño causado.
Entre las faltas graves se encuentran la poda sin autorización, los daños a las raíces, la cementación de nichos y la erradicación sin permiso. Pero las más severas incluyen la destrucción de dos o más árboles, los desmoches severos y el envenenamiento de ejemplares.
Con esta reglamentación, Mendoza busca ordenar la gestión del arbolado público con planificación periódica, registro digital y criterios ambientales claros. Los ciudadanos también podrán denunciar falta de riego, plagas o intervenciones indebidas a través de los canales oficiales.