Mendoza le dijo que no a una petrolera: por qué rechazó el cambio de plan cerca de la Caverna de las Brujas

El Gobierno de Mendoza desestimó el último recurso de Petrolera El Trébol S.A. (PETSA) en el conflicto por las tareas de exploración comprometidas en el área Loma Cortaderal-Cerro Doña Juana, en Malargüe, a pocos kilómetros de la Reserva Natural Caverna de las Brujas.

La decisión quedó oficializada este viernes en el Boletín Oficial, a través del Decreto 375, fechado el 27 de febrero de 2026. Con esa firma, el gobernador ratificó dos resoluciones previas de los ministerios de Economía y Energía y de Energía y Ambiente, y le puso fin a la instancia administrativa provincial.

Ahora, si PETSA quiere seguir con el reclamo, deberá presentar una Acción Procesal Administrativa ante la Justicia dentro de los 30 días corridos posteriores a la notificación.

El origen del conflicto

Todo empezó en 2018, cuando la empresa recibió el permiso de exploración para esa área. En ese momento, asumió el compromiso de realizar una campaña de sísmica 3D para relevar las características del subsuelo y determinar el potencial hidrocarburífero de la zona.

Con el tiempo, la petrolera buscó modificar ese programa. Propuso reemplazar la sísmica 3D por estudios geoquímicos de superficie, argumentando que los trabajos originales podían generar inconvenientes ambientales y sociales por la cercanía de la Caverna de las Brujas. También pidió que se suspendiera el plazo del período exploratorio mientras se resolvía su pedido.

El planteo ambiental de la petrolera

Uno de los principales argumentos de PETSA fue el riesgo que, a su entender, representaba el uso de explosivos en inmediaciones de una formación cavernaria. La compañía también cuestionó que no existiera un plan de manejo específico para la zona y planteó diferencias sobre las distancias que debían respetarse respecto de la reserva.

En el expediente aparecen dos referencias: 3.000 metros, que manejaba inicialmente la Dirección de Hidrocarburos, y un área de seguridad de 3.500 metros propuesta por el organismo de áreas protegidas. PETSA sostuvo que no había estudios suficientes para garantizar que la actividad fuera inocua fuera de esos límites y reclamó la intervención de otros organismos técnicos.

Con esos elementos, la empresa invocó el principio precautorio ambiental y pidió que se reconociera una situación de fuerza mayor que justificara modificar las obligaciones asumidas. El Gobierno provincial rechazó esa interpretación.

Por qué Mendoza dijo que no

Uno de los puntos centrales de la resolución es que la existencia y el régimen de protección de la Caverna de las Brujas eran anteriores al otorgamiento del permiso petrolero de 2018. Por eso, la Provincia consideró que no apareció después una circunstancia nueva e imprevisible que impidiera cumplir el programa de trabajo.

El Ejecutivo comparó la situación con otros antecedentes invocados por PETSA. En aquellos casos, las restricciones que frenaron proyectos petroleros habían surgido después de otorgados los permisos, ya sea por nuevas normas o decisiones técnicas. Para el Gobierno, eso no ocurrió en Loma Cortaderal-Cerro Doña Juana.

Además, la Dirección de Hidrocarburos determinó que los análisis geoquímicos de superficie no ofrecen la misma información que una campaña de sísmica 3D, que permite estudiar con mayor precisión y profundidad las estructuras geológicas del subsuelo. Aceptar el reemplazo, sostuvo la Provincia, implicaría modificar sustancialmente las condiciones técnicas con las cuales se adjudicó el área.

La empresa tampoco logró acreditar que la realización de la sísmica fuera objetivamente imposible.

Las fallas en el proceso ambiental

El Ejecutivo también cuestionó el comportamiento de PETSA durante la Evaluación de Impacto Ambiental. La compañía presentó una Manifestación General de Impacto Ambiental y después una ampliación vinculada con los estudios geoquímicos. En el procedimiento intervinieron organismos provinciales y técnicos especializados.

Uno de los informes detectó que todavía no estaba definido dónde se usarían explosivos o equipos vibradores y reclamó estudios adicionales para fijar las distancias necesarias respecto de la reserva. También recomendó acompañamiento de la autoridad ambiental durante los relevamientos, monitoreo durante los movimientos de suelo y controles específicos sobre las medidas de mitigación.

Para el Gobierno, esas observaciones no significaban que la actividad estuviera prohibida, sino que debían resolverse dentro del propio procedimiento ambiental. La Provincia sostiene que PETSA podría haber continuado los relevamientos y completado la información pendiente para conocer bajo qué condiciones podía trabajar, pero no tuvo la diligencia suficiente.

El decreto señala incluso que la petrolera no había terminado de determinar si haría los trabajos con explosivos o con vibradores, ni había precisado completamente la ubicación de las tareas. Por eso, el Ejecutivo descartó que la falta de avances pudiera atribuirse exclusivamente al Estado.

El otro pedido que también cayó

PETSA planteó una segunda alternativa: si Mendoza no aceptaba modificar el programa exploratorio, pidió autorización para trasladar las Unidades de Trabajo pendientes a otro bloque petrolero bajo su titularidad en la provincia. Esa propuesta tampoco prosperó.

El Gobierno consideró que esa posibilidad no tiene respaldo específico en el régimen aplicable al permiso y que permitirla alteraría las condiciones competitivas bajo las cuales la empresa recibió el área. Además, recordó que el contrato contempla otros mecanismos frente al incumplimiento de las obligaciones exploratorias.

De esta manera, el decreto rechazó tanto el cambio del programa como el traslado de tareas, y dispuso reanudar los plazos administrativos que habían quedado suspendidos. El conflicto administrativo queda cerrado para Petrolera El Trébol. El próximo paso, si decide mantener el reclamo, deberá darse en los tribunales.