Mendoza pone reloj a los edificios públicos: qué deberán tener listo en 90 días

¿Cuánto tiempo tienen las reparticiones mendocinas para tener listo su plan de evacuación y qué organismo quedó a cargo de controlarlo?

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Mendoza pone reloj a los edificios públicos: qué deberán tener listo en 90 días
Mendoza pone reloj a los edificios públicos: qué deberán tener listo en 90 días

El Gobierno de Mendoza oficializó este viernes una medida que alcanza a todas las reparticiones y edificios públicos de la provincia: cada dependencia deberá contar con su propio plan de contingencia y evacuación, con protocolos de prevención unificados para responder ante emergencias.

La disposición quedó formalizada en el Boletín Oficial y fija un plazo máximo de noventa días corridos, contados desde la publicación, para que los organismos confeccionen y pongan en marcha sus esquemas de prevención.

Qué dice la normativa

Los planes no serán idénticos para todos. Cada edificio deberá adaptar su esquema a las características, las actividades que allí se desarrollan y los riesgos propios de cada espacio, según detalla la resolución.

El texto también define quién manda en la materia: se facultó al Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Dirección Provincial de Defensa Civil, para dictar las pautas técnicas unificadas, coordinar los esfuerzos entre reparticiones y verificar los planes que elabore cada organismo.

Los fundamentos legales

La medida se apoya en la responsabilidad del Poder Ejecutivo de velar por la seguridad territorial y de los establecimientos públicos, según el artículo 128, inciso 19, de la Constitución Provincial. A eso se suman las atribuciones previstas en la Ley N° 3796 de Defensa Civil y el Decreto N° 1416/76.

La intención declarada es que la obligación no quede solo dentro del Ejecutivo: el objetivo es que todos los Poderes del Estado cuenten con su plan de contingencias.

Para qué sirve

Con esta medida, la provincia busca estandarizar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y garantizar un entorno seguro tanto para los trabajadores estatales como para los miles de ciudadanos que pasan todos los días por las dependencias públicas.

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