Mendoza: quieren que los saldos a favor de Ingresos Brutos paguen el Inmobiliario y el Automotor

Un grupo de diputados de la UCR presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto para que los contribuyentes puedan usar sus saldos a favor de Ingresos Brutos para cancelar otros impuestos provinciales. La propuesta alcanza al Inmobiliario, el Automotor y otras obligaciones que defina la reglamentación.

La iniciativa se llama Régimen Digital de Compensación de Saldos a Favor y busca simplificar los trámites y darles aire a comercios, pymes y profesionales que arrastran créditos fiscales.

Los autores son los diputados Griselda Petri, Ismael Jadur, Jorge Zingaretti, Gustavo Cairo, Carlos Ponce, Raúl Villach y Alberto López, todos del sector de la Unión Cívica Radical que responde a Luis Petri.

Cómo funcionaría la compensación

El proyecto apunta a resolver un problema recurrente: contribuyentes que acumulan créditos por retenciones, percepciones y pagos a cuenta que terminan superando el impuesto que deben pagar. El caso más mencionado es el SIRCREB, el sistema que retiene sobre acreditaciones bancarias y que se computa a cuenta de Ingresos Brutos.

Con el mecanismo propuesto, esos saldos se podrían destinar a pagar el Inmobiliario, el Automotor y otras obligaciones que la reglamentación incorpore más adelante, como el Impuesto de Sellos y las tasas retributivas de servicios.

Todo se haría a través de los servicios electrónicos de la Administración Tributaria Mendoza (ATM). El contribuyente consultaría sus créditos, elegiría la deuda y el monto a cancelar, y confirmaría la operación. Sin expedientes administrativos de por medio por cada solicitud.

Qué saldos se podrían usar y cuáles quedan afuera

El régimen abarcaría los saldos a favor de libre disponibilidad de Ingresos Brutos, sin importar su origen, siempre que estén registrados en ATM, provengan de declaraciones juradas presentadas y no estén afectados a otro trámite de devolución, compensación o transferencia.

También incluiría créditos acumulados antes de que la ley entre en vigencia, correspondientes a períodos fiscales no prescriptos. En cambio, quedarían excluidos los fondos retenidos o percibidos por el contribuyente como agente de recaudación, los honorarios, costas y gastos judiciales de juicios de apremio, y otros conceptos que la legislación impida compensar. Los contribuyentes alcanzados por el Convenio Multilateral solo podrían usar el saldo atribuible a Mendoza.

Si la compensación se pide antes del vencimiento del impuesto, no se generarían intereses. Si la deuda ya venció, se calcularían hasta la fecha de formalización de la imputación. A partir de ahí, las demoras administrativas, operativas o informáticas de ATM no podrían sumar nuevos intereses sobre el importe solicitado.

Constancia, controles y validación previa

El sistema debería emitir una constancia electrónica con el monto utilizado, la obligación cancelada, los intereses y el crédito que quede. ATM mantendría sus facultades de fiscalización y podría revertir la compensación si una resolución administrativa firme determina que el saldo no existía o era menor al declarado.

Para los créditos que surjan de declaraciones juradas rectificativas que reduzcan el impuesto, el organismo podría hacer una validación previa. Si no formula una observación fundada y notificada dentro de los 60 días corridos, esa parte del saldo quedaría disponible.

El impacto en la recaudación provincial

Los autores sostienen que la medida no implica una reducción de impuestos ni una exención, porque se cancelarían obligaciones con créditos que el Estado ya reconoce. Aun así, admiten un impacto financiero inicial para la Provincia, al reemplazar parte de los pagos en efectivo del Inmobiliario y el Automotor por compensaciones con saldos acumulados.

El proyecto también contempla la participación municipal en la recaudación de determinados tributos provinciales. Para evitar alteraciones, propone registrar las operaciones como si se tratara de una devolución del saldo a favor seguida del pago del impuesto.

Además, ATM debería enviar cada año a las comisiones legislativas de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios un informe con los saldos acumulados, los contribuyentes alcanzados, los montos compensados y el efecto sobre la participación municipal.

La iniciativa busca establecer un procedimiento digital y permanente para compensar obligaciones con créditos fiscales, una posibilidad que, según sus fundamentos, el Código Fiscal provincial ya reconoce.