Mendoza tiene 270 chicos esperando familia y solo 4 son bebés: la jueza Day reveló el plan que busca destrabar las adopciones

Más de 270 niños y adolescentes de Mendoza cuentan con sentencia firme de adoptabilidad y siguen sin encontrar una familia. La jueza de la Suprema Corte María Teresa Day explicó en Radio Post cómo funcionaría una nueva vía legal para acelerar esos procesos y por qué el sistema se traba.

Day, coordinadora del Fuero de Familia, habló con Victoria González en el programa Victoria de 8 a 11. Allí detalló el avance de un proyecto de ley que se discute en la Legislatura provincial y que apunta a un grupo específico de chicos: los que ya tienen un vínculo con adultos que participan de programas estatales de padrinazgo, acompañamiento o acogimiento.

Quiénes entran en la nueva vía

La iniciativa no alcanza a todos los chicos bajo protección estatal. Está pensada para niños mayores de cinco años, grupos de hermanos y chicos con alguna discapacidad, siempre que tengan sentencia firme de declaración de adoptabilidad.

Según explicó la magistrada, la idea es que los padrinos o cuidadores que ya tienen un vínculo con esos chicos puedan manifestar su interés en adoptarlos. Si quieren avanzar, el Registro de Adopción los evalúa y, si reúnen las condiciones, el caso llega al juez, que tiene la última palabra. Nada es automático ni obligatorio.

Day defendió el mecanismo como "una vía alternativa rápida para determinado grupo de niños", que no elimina las evaluaciones ni los controles judiciales. Tampoco modifica el régimen general del acogimiento familiar, el programa por el cual familias ya evaluadas reciben temporalmente a niños mientras se resuelve su situación.

Las cifras que exponen el problema

De los más de 270 chicos con sentencia firme de adoptabilidad en Mendoza, alrededor de 150 integran grupos de hermanos y cerca de 90 tienen algún tipo de discapacidad. Solo cuatro tienen entre cero y tres años, y todos forman parte de grupos de hermanos. Además, más de 85 son adolescentes.

Esos números explican por qué tantos casos quedan sin resolver. La mayoría de las personas que se inscriben para adoptar buscan bebés o tienen requisitos que no siempre coinciden con los perfiles disponibles. En paralelo, hay 120 convocatorias públicas sin resultados, algunas abiertas desde hace dos años.

La jueza resumió esa dificultad con una frase: "Yo no puedo agilizar lo que no tengo". Y agregó, sobre las críticas a la lentitud judicial: "No es que la Justicia sea lenta, es que me están pidiendo algo que no tengo".

Qué cambió desde 2022

Day recordó que cuando empezó a coordinar el Fuero de Familia, en 2022, los aspirantes podían esperar hasta dos años solo para iniciar los trámites. Ese plazo se redujo con capacitaciones mensuales y virtuales, y con la posibilidad de presentar la documentación por la página del Poder Judicial.

El proceso sigue con entrevistas y evaluaciones para determinar si la persona o pareja está preparada para adoptar. Hoy unas 80 personas o parejas tienen legajos completos y están habilitadas para avanzar. En octubre, sin embargo, solo 11 estaban disponibles para adoptar: otras habían pedido suspender temporalmente su participación por motivos personales, familiares o de salud.

Los requisitos para adoptar

La jueza aclaró que para adoptar hay que tener al menos 25 años, condición que puede cumplir uno de los integrantes de la pareja. No hace falta ser propietario de una vivienda ni tener auto. La aptitud se evalúa con trabajadores sociales y psicólogos, y no existe un límite máximo de edad general: cada caso se analiza según sus circunstancias.

Day insistió en que ampliar las chances de adopción exige revisar los procedimientos judiciales y también la mirada social sobre la infancia. Muchos de los chicos que esperan son grandes, tienen hermanos o presentan alguna discapacidad, y esas características reducen el número de interesados.

En ese punto, puso el foco en el tiempo: "Para un niño de 4 años, 2 años es un 50% de su vida". El proyecto, dijo, busca abrir una posibilidad para esos chicos sin reemplazar las evaluaciones ni las decisiones judiciales, y se suma a los cambios que ya se aplican en Mendoza para acortar trámites y coordinar mejor a los organismos intervinientes.