Siete profesionales mendocinos se encerraron tres meses a pensar cómo hacer crecer la provincia sin depender de Buenos Aires. El documento que salió tiene 11 ejes y un dato que incomoda: Mendoza ya hizo buena parte del ajuste, pero hay una cuenta pendiente en los municipios que casi nadie mira.
Un grupo de siete profesionales mendocinos se reunió durante tres meses con una pregunta de fondo: cómo hace la provincia para crecer más, atraer inversiones y generar empleo privado de calidad sin depender de lo que pase en Buenos Aires. El resultado es un documento con 11 ejes que acaba de presentar la Mesa de Consensos Económicos.
La conclusión de arranque es incómoda pero realista: Mendoza no maneja el tipo de cambio, la tasa de interés ni la política monetaria. Por eso, sostiene el informe, su estrategia no puede descansar en aguardar una "devaluación salvadora" ni un cambio de contexto nacional que resuelva por sí solo sus problemas de competitividad.
Lo que sí está en sus manos es acotado pero potente: la eficiencia del gasto, la estructura tributaria provincial, la infraestructura, las regulaciones, los instrumentos de financiamiento, las políticas de empleo y la promoción de inversiones. En varias de esas dimensiones ya hubo avances; en otras queda margen para mejorar en diseño, coordinación y escala.
El orden fiscal, la base de todo
El primer consenso es que Mendoza ya hizo una parte importante de la tarea. Entre 2015 y 2026 el gasto público provincial cayó unos 5 puntos del PBG, la cantidad de CUILes liquidados en la Administración Pública bajó de 52,4 a 42,1 cada mil habitantes (cerca de 20%) y el stock de deuda en dólares se redujo de unos USD 1.487 millones a USD 872 millones, alrededor de 41%. En paralelo, el gasto de capital creció 30% en términos reales.
La presión tributaria también fue en baja: Ingresos Brutos acumula once años de reducciones de alícuotas y para 2027 la recaudación proyectada será 14% menor que la que surgiría con las alícuotas de 2017. En Sellos, la alícuota general pasó de 1,5% en 2024 a 1% en 2026 y la senda prevista la lleva a 0% en 2030. Además, se eliminaron más de la mitad de las tasas retributivas de servicios.
La próxima etapa, plantea la Mesa, debe mantener el método del "bisturí" antes que el recorte indiscriminado: ajustes selectivos, graduales y con objetivos claros, extendidos a otras áreas del Estado. La pregunta que propone para cada organismo es concreta: qué hace, cuánto cuesta, qué resultados obtiene y dónde hay margen de mejora.
En el plano municipal hay tarea pendiente. Los recursos propios representan apenas 22% de los ingresos corrientes, mientras que cerca del 68% proviene de origen nacional y provincial. La heterogeneidad es enorme: hay municipios donde los recursos propios superan el 40% y otros donde no llegan al 10%. El esfuerzo recaudatorio no parece parejo.
Salir a buscar inversores, no esperarlos
La inversión pública mejora condiciones, pero no cambia por sí sola la trayectoria económica de la provincia. El desafío central, según el documento, es conseguir inversión privada expansiva, capaz de ampliar capacidad productiva, exportaciones y empleo.
Para eso, Mendoza debe construir una verdadera "Marca Mendoza para invertir": una jurisdicción seria, previsible e institucionalmente estable. El punto de partida mezcla oportunidades y límites: hay unas 25.000 empresas privadas registradas, pero la densidad empresarial es 10% inferior al promedio nacional (12 firmas cada 1.000 habitantes contra 13,4).
Las propuestas apuntan a armar una cartera priorizada de oportunidades, identificar fondos e inversores, organizar misiones de promoción y acompañar todo el proceso de radicación, aprovechando mejor ProMendoza y las redes internacionales.
Medir el "costo Mendoza" con semáforos
La competitividad no se explica solo por los impuestos: también pesan la logística, la energía, el financiamiento, la regulación, los tiempos administrativos y los costos de interactuar con los distintos niveles del Estado. Reducir ese "costo Mendoza" exige simplificar en Provincia y municipios a la vez, eliminar superposiciones y avanzar hacia criterios homogéneos y previsibles.
La tecnología y la inteligencia artificial aparecen como herramientas para mejorar la productividad estatal, con ventanillas únicas, bases de datos integradas y automatización de trámites. La consigna regulatoria es clara: "regular mejor, no desregular por desregular". Simplificar no es eliminar controles, sino dar reglas claras, plazos previsibles y seguridad jurídica.
Entre las propuestas figura una medición periódica y sectorial del costo Mendoza que se sintetice en un semáforo de competitividad, y sumar a las cámaras empresariales como "GPS privado" para detectar cuellos de botella.
Una economía de tres velocidades
La estructura productiva mendocina no avanza de manera homogénea. Conviven actividades dinámicas con oportunidades de expansión, sectores intermedios que pueden mejorar con más demanda o financiamiento, y actividades con problemas estructurales que necesitan reconversión. Por eso no hay una única política válida para todos.
Entre los motores actuales o potenciales aparecen la minería, la energía y la integración con Vaca Muerta, los servicios basados en conocimiento, la logística, la agroindustria, la ganadería, el turismo, los frutos secos y nuevas producciones agrícolas. La vitivinicultura, en tanto, enfrenta un fuerte desafío de modernización.
El Estado, sostiene el documento, no debe elegir desde una oficina a los sectores ganadores: su rol es crear condiciones y remover obstáculos. La pregunta para cada cadena es qué restricción frena el crecimiento y qué instrumento concreto puede destrabarla.
La agenda podría apoyarse en el nuevo Plan de Desarrollo Productivo del Presupuesto 2027, para el cual se pide autorización de financiamiento por USD 200 millones, siempre que esos recursos se asignen con criterios explícitos de productividad, inversión, empleo y capacidad exportadora.
Que los grandes proyectos no sean enclaves
Las inversiones en minería, energía o logística mueven enormes volúmenes de capital, pero no siempre generan mucho empleo directo. Su impacto real debe medirse por los encadenamientos que producen y por cuánto de su demanda puede atender el entramado mendocino. La preparación debe empezar antes de que los proyectos estén en producción.
Los números permiten dimensionar el potencial. El proyecto PSJ Cobre Mendocino prevé 40.000 toneladas anuales de cobre y una inversión estimada de USD 891 millones; de alcanzar ese nivel, generaría exportaciones equivalentes a cerca de 30% de las ventas externas actuales de Mendoza. Bajo un escenario conservador de cuatro proyectos de cobre más Potasio Río Colorado, se estiman inversiones por USD 12.700 millones, exportaciones cercanas a USD 2.900 millones anuales y unos 2.500 empleos directos y 5.700 indirectos.
Vaca Muerta Mendoza merece un párrafo aparte: la porción mendocina abarca unos 9.000 km², cerca de un tercio de los 30.000 km² de la formación, y está en exploración avanzada. Los desarrollos identificados contemplan más de 300 pozos horizontales, mientras que solo el plan de Cañadón Amarillo proyecta, sujeto a resultados, hasta 576 pozos y una inversión del orden de USD 1.394 millones.
La propuesta es un programa de proveedores mendocinos que anticipe qué bienes, servicios, certificaciones y perfiles laborales demandarán esos proyectos, y articule financiamiento, capacitación e innovación para que más empresas locales participen de las compras.
Infraestructura: priorizar antes de financiar
Mendoza recuperó capacidad de inversión pública, con un gasto de capital cercano al 15% del presupuesto. El Fondo del Resarcimiento fue clave: los primeros anuncios asignaron USD 273,5 millones a 18 obras de agua, saneamiento, energía y rutas, y luego el universo informado por el Gobierno llegó a 28 proyectos. Pero esa fuente ya está prácticamente comprometida y no es permanente.
El paso siguiente no es hacer más obras sin orden, sino priorizar según impacto en competitividad, producción, empleo y logística, distinguiendo el mantenimiento necesario de las inversiones que cambian estructuralmente las posibilidades productivas. Entre las iniciativas discutidas aparecen el Paso Las Leñas, la infraestructura ferroviaria y logística, las vinculaciones con Vaca Muerta y Potasio Río Colorado, y los proyectos que consolidan a Mendoza como corredor hacia Chile y el Pacífico.
El principio es simple: cuando aparezca el financiamiento, los proyectos estratégicos deben estar preparados para aprovecharlo. Para eso proponen una cartera priorizada de 10 a 15 iniciativas con estudios de prefactibilidad y factibilidad, evaluación económica y esquema de financiamiento.
Financiamiento: menos subsidio, más garantía
El crédito de largo plazo sigue siendo una restricción para muchas empresas, sobre todo para las PYMEs. Durante 2026 Mendoza reconfiguró y cerró el esquema tradicional del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, dejando atrás el crédito directo para privilegiar la bonificación de tasas y el apalancamiento privado. Pero esas líneas todavía tienen escala limitada frente a las necesidades de un entramado de 25.000 empresas.
La Mesa propone pasar de una lógica centrada en subsidios de tasa a otra donde el Estado reduzca riesgo y apalanque capital privado: el Estado como garante y facilitador, el sistema financiero aportando crédito y el sector privado poniendo proyectos y capital. La herramienta sería un Fondo Mendocino de Garantías para Infraestructura y Desarrollo Productivo, articulado con SGR, Cuyo Aval y financiamiento multilateral, más un fondo anticíclico alimentado en parte con regalías de recursos no renovables.
Empleo: acompañar la transición, no conservar todo
La automatización y la inteligencia artificial van a modificar la demanda laboral. Por eso, plantea el documento, una política moderna no debe intentar conservar artificialmente todos los puestos, sino mejorar la empleabilidad y acompañar a los trabajadores hacia nuevas oportunidades: conocer qué perfiles se demandan, formar para eso, conectar y evaluar resultados de inserción.
Mendoza ya tiene experiencia de escala. El programa Enlace alcanzó a más de 15.800 personas con entrenamientos en 6.030 empresas, y Enlazados incorporó a más de 32.000 trabajadores al empleo formal a través de 2.360 empresas; en Enlace, 65% de las oportunidades fueron ocupadas por mujeres.
El desafío es medir menos participantes y más inserción sostenida, formalización y evolución salarial. Entre las propuestas aparece una Agencia Mendocina de Empleo y Empleabilidad que articule al Estado con cámaras, empresas, municipios y universidades, con capacitación atada a la demanda real y formación rápida en minería, energía, construcción, tecnología y servicios especializados.
Exportaciones: recuperar terreno perdido
El desempeño exportador mendocino de la última década fue modesto. Según el Consejo Empresario Mendocino, en 2025 la provincia exportó bienes por USD 1.538 millones, por debajo del máximo histórico de USD 1.806 millones de 2012. En términos reales, las ventas de 2025 fueron 15% inferiores a las de 2015 y 12% menores al promedio de la última década.
La participación de Mendoza en las exportaciones argentinas cayó a 1,8% en 2025, frente a un promedio de 2,2% en diez años, y las exportaciones por habitante llegaron a apenas USD 751, muy por debajo del promedio nacional. El problema no es solo coyuntural: hace falta ampliar la base exportadora y sumar sectores, empresas y mercados.
Para eso proponen fortalecer a ProMendoza como articulador, ampliar misiones comerciales, fomentar la asociatividad entre PYMEs e identificar qué empresas tienen potencial y qué mercados ofrecen mejores oportunidades.
Datos convertidos en inteligencia
Una economía compleja necesita información a la altura. Mendoza tiene 25.000 empresas, 18 municipios y una estructura que combina vitivinicultura, agroindustria, petróleo, minería emergente, comercio, turismo, conocimiento y construcción, con fuertes diferencias entre oasis y departamentos.
Con esa diversidad, un sistema concentrado en indicadores agregados de inflación o actividad resulta insuficiente. La propuesta es que la DEIE evolucione hacia una plataforma de inteligencia económica que siga sectores, empresas, territorios y cadenas de valor, integrando datos públicos y privados de cámaras y universidades. La idea es convertirla en un "GPS" de la gestión pública.
Agua y ambiente: condiciones, no obstáculos
El agua no es un insumo sectorial más: es una restricción estructural. Los oasis ocupan entre 2,5% y 4,8% del territorio provincial según el criterio, pero concentran cerca del 95% de la población y de las principales actividades económicas. Mendoza posee además alrededor de 25% de la superficie irrigada del país.
Cualquier expansión urbana, agrícola, minera o industrial debe incorporar desde el inicio disponibilidad hídrica, infraestructura y eficiencia de uso. La nueva minería del cobre vuelve la discusión especialmente importante: proyectos como PSJ Cobre Mendocino deben integrar balances hídricos y procedimientos ambientales en su propio diseño económico.
En materia ambiental, el criterio es sostener estándares claros y exigibles, pero revisar procedimientos, plazos y superposiciones que generan incertidumbre o costos innecesarios. Regular mejor, con información y evidencia. Y aprovechar esas demandas para desarrollar proveedores locales de infraestructura hídrica, monitoreo y gestión de recursos.
Dos horizontes a la vez
La síntesis del documento es que Mendoza no empieza de cero: tiene orden fiscal, instituciones, infraestructura, programas, empresas y universidades. El desafío es conectar mejor esas piezas, darles escala y medir con rigor sus resultados.
En el corto y mediano plazo, la prioridad pasa por reducir costos, mejorar financiamiento, promover inversión privada, generar empleo, simplificar regulaciones y aumentar exportaciones. En el largo plazo, la agenda estructural incluye infraestructura internacional, minería, energía, integración con Vaca Muerta, corredores logísticos, conexión con Chile y el Pacífico, agua, educación y tecnología. Las grandes inversiones pueden tardar diez o veinte años en madurar, por lo que no deben reemplazar las políticas para los problemas actuales.
El propósito original fue identificar coincidencias que sobrevivan a los cambios electorales. Ese objetivo puede encontrar institucionalidad en la Comisión Bicameral de Futuro de la Legislatura, donde la Mesa puede aportar la dimensión económica y productiva. La pregunta para la próxima etapa, dicen, debería ser siempre la misma: qué hacemos, cómo, quién, con qué recursos, en qué plazo y cómo sabemos si funcionó.
La Mesa de Consensos estuvo integrada por Nicolás Aroma, Rodrigo González, Sebastián Laza, Rubén de la Llana, Gustavo Rivarola, Julián Sadofschi y Pablo Salvador.
