Menores que cometen delitos: el nuevo régimen que empieza a regir en Salta y qué cambia

El nuevo régimen penal juvenil ya tiene fecha de inicio en Salta. La jueza a cargo explicó qué pasa con los menores que delinquen y cuál es el límite para que no terminen presos.

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Menores que cometen delitos: el nuevo régimen que empieza a regir en Salta y qué cambia
Menores que cometen delitos: el nuevo régimen que empieza a regir en Salta y qué cambia

En los próximos días comenzará a funcionar en Salta el nuevo Régimen Penal Juvenil, un esquema procesal que redefine cómo se atiende a los menores de edad en conflicto con la ley penal. La normativa apunta a modernizar los procedimientos vigentes y a alinearlos con estándares internacionales y con las transformaciones sociales que atraviesan los adolescentes.

La jueza Penal Juvenil Tatiana Dip Torres explicó, en el programa Sin Vueltas de InformateSalta, que la ley 27.801 impulsa una mirada restaurativa y socioeducativa. Entre los puntos centrales, la norma incorpora medidas alternativas a la detención y establece que la responsabilidad penal arranca a los 14 años para los delitos contemplados en el Código Penal.

Un cambio de época en la Justicia

Dip Torres remarcó que la intervención del Estado debe adaptarse a una realidad social distinta a la de años atrás. "No es la misma que hace unos años atrás, han cambiado las realidades en la vida de los chicos y de los adultos, creo que es responsabilidad nuestra estar a la altura de las circunstancias para entenderlos y acompañarlos en este proceso", sostuvo.

La magistrada puso el acento en que el objetivo central no es el encierro, sino que el joven tome conciencia de su conducta. "El fin último de la intervención es, justamente, la reinserción del joven y que acepte su responsabilidad en el daño que causó o el delito que cometió, acompañándolos con un trabajo no solo de los operadores judiciales sino de la familia, la escuela y la comunidad", afirmó.

Qué pasa con los casos más graves

Frente a delitos de mayor gravedad, la jueza aclaró que se mantienen las garantías procesales. "Un menor que comete un delito punible va a un juicio oral donde se le cumplen todas sus garantías constitucionales y el derecho a la defensa, pero con una cierta protección en cuanto a la no publicidad de su identidad por su condición de menor", señaló.

Además, descartó que la aplicación de la ley implique trasladar adolescentes a cárceles comunes. "Tenemos institutos especializados donde se los asiste con equipos interdisciplarios y la privación de la libertad se toma como último recurso cuando la situación es muy compleja y lo amerita", completó.

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