Menos del 1%: los números que la UNSa reveló sobre sus estudiantes extranjeros

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) salió al cruce del debate nacional por el posible arancelamiento a extranjeros no residentes. Con datos concretos, la casa de estudios dejó en claro que los alumnos foráneos representan apenas una fracción ínfima de su matrícula total.

¿Cuántos son y de dónde vienen?

Actualmente, la UNSa registra 235 estudiantes extranjeros, lo que equivale al 0,69% de la matrícula de 2025 y al 0,57% de la estimada para 2026. Del total, 149 provienen de Bolivia (63,4%), mientras que el resto se reparte entre Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, Chile y otros países.

El impacto presupuestario

Según cálculos de la universidad, el costo anual de esos alumnos equivale apenas al 0,56% del presupuesto anual estimado. Una cifra que, según las autoridades, desmonta cualquier argumento sobre una carga financiera significativa.

¿Qué dice el DNU y la autonomía universitaria?

El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025 modificó la Ley de Educación Superior y habilitó a las universidades públicas a cobrar aranceles a extranjeros sin residencia permanente, pero no lo impuso como obligación. La UNSa remarcó que cualquier decisión al respecto deberá ser debatida en el Consejo Superior, su máximo órgano de gobierno.

El rector Miguel Nina fue contundente: “Antes de emitir opiniones, es importante conocer cuál es la realidad de cada universidad. En el caso de la UNSa, los estudiantes extranjeros representan menos del uno por ciento de la matrícula total, por lo que creemos que el análisis debe partir de datos objetivos y no de percepciones”.

También aclaró que el DNU establece una posibilidad, no una obligación: “Cualquier eventual definición deberá analizarse respetando la autonomía universitaria y los mecanismos de decisión previstos por nuestro Estatuto y por el Consejo Superior”.

Un llamado al debate serio

Nina insistió en que la universidad seguirá aportando información verificable para enriquecer la discusión: “Nuestra responsabilidad institucional es brindar información verificable, explicar el impacto real y promover un debate basado en evidencia, evitando simplificaciones que no reflejan la realidad”.