Mercado Pago se mete en el negocio de las indemnizaciones: quién paga la comisión y desde cuándo

Marcos Galperin no quiere quedar afuera del nuevo mapa que dibuja la reforma laboral. Mercado Pago anunció que administrará los recursos del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo que el Gobierno incorporó para cambiar cómo se financian las indemnizaciones por despido, y lo hará a través de su propia aplicación para empresas.

El lanzamiento llega a pocas semanas de que el régimen empiece a regir, el 1° de diciembre de 2026. Las compañías alcanzadas deberán elegir una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y podrán optar por la plataforma de Galperin, que promete adhesión gratuita y comisión de administración del 0% durante el primer año.

Pasado ese lapso, el reglamento fija un tope anual de hasta el 1% sobre los activos administrados.

Un negocio que nace con la reforma

La movida no se limita a sumar un servicio para clientes comerciales. Mete a una de las principales fintech del país en un esquema que redistribuye recursos: una parte de lo que antes iba al sistema previsional pasa a fondos manejados por privados.

El dinero sigue siendo responsabilidad del empleador y no se convierte en una cuenta personal del trabajador. Pero la reforma habilita un circuito de administración e inversión financiera alrededor de las futuras indemnizaciones.

Los aportes al FAL no salen del salario: se calculan sobre las contribuciones patronales. La discusión, igual, excede quién pone la plata formalmente, porque el cambio en la distribución puede afectar el financiamiento de la seguridad social y los incentivos que tienen las empresas a la hora de decidir una desvinculación.

El artículo que aprobó el Congreso

La creación del fondo fue uno de los puntos centrales de la reforma laboral. En Diputados, el artículo cosechó 130 votos a favor, 117 en contra y tres abstenciones. El oficialismo logró así una modificación que mantiene la obligación de pagar indemnizaciones, pero introduce un financiamiento anticipado que altera la relación entre el costo del despido y las decisiones empresariales.

Cómo se adhiere una empresa

Según la información difundida por la compañía, la adhesión se podrá hacer de forma totalmente digital desde la cuenta de la plataforma. Después de elegir la administradora, la empresa recibe un identificador llamado ID FAL, que debe validar ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que los aportes se deriven correctamente.

El fondo será gestionado por Mercado Pago Asset Management S.A., la sociedad gerente de fondos comunes de inversión de la firma, mientras que la custodia de los activos quedará en manos de Banco Industrial S.A. Quedó inscripto ante la CNV como MP FAL – Fondo de Asistencia Laboral y su objetivo es administrar e invertir los recursos aportados por los empleadores para afrontar las obligaciones de las desvinculaciones.

Competencia y comisiones

La bonificación del primer año es una estrategia para captar clientes en un mercado donde competirán bancos, sociedades de bolsa y otras entidades habilitadas. La gratuidad apunta a quedarse con una porción de los recursos que, por ley, deberán ingresar obligatoriamente al sistema.

El reglamento de gestión establece que la comisión anual máxima será del 1% sobre el total de los activos, con IVA incluido. Ese límite abarca las remuneraciones de la sociedad gerente, la depositaria y los demás participantes del vehículo.

El documento, sin embargo, deja afuera del tope algunos gastos: costos de transacción, tasas de fiscalización de la CNV y determinadas erogaciones extraordinarias.

La posibilidad de ingresos por administrar esos recursos es uno de los aspectos económicos centrales del régimen. A medida que las empresas acumulen aportes mensuales, las entidades podrán gestionar carteras de inversión cuyo patrimonio estará afectado al pago de obligaciones laborales. La rentabilidad potencial y las comisiones abren un mercado que hasta ahora no existía bajo esta modalidad.

Elegir administradora o que la asignen

La reforma permite la participación de distintas entidades autorizadas por la CNV, así que cada compañía podrá decidir quién maneja sus cuentas. Si el empleador no elige, la normativa prevé la asignación de oficio.

Durante la implementación hubo cambios en los porcentajes que se derivan al FAL. El proyecto original preveía una contribución del 3% sobre las remuneraciones; el esquema reglamentado fijó valores diferenciados según el tipo de empleador.

Las micro, pequeñas y medianas empresas con certificado MiPyME vigente, y las entidades sin fines de lucro que cumplan los requisitos, deberán destinar el 2,5% de la base correspondiente. Para el resto de los empleadores privados, el porcentaje será del 1%.

La diferencia importa porque los recursos no son un aporte adicional descontado del sueldo, sino una porción de las contribuciones patronales que se derivará a este nuevo destino. El empleador seguirá pagando por los mecanismos habituales de la seguridad social, pero una parte de esos fondos tendrá otro destino.

Quiénes entran y cuándo

El régimen alcanza a los empleadores privados con trabajadores registrados comprendidos en la normativa. Quedan excluidos sectores con sistemas específicos, como la construcción y el personal de casas particulares, además del empleo público.

La primera contribución corresponderá a las remuneraciones devengadas en diciembre de 2026, que se abonarán en enero de 2027. Antes del 1° de diciembre, las empresas deberán elegir la entidad administradora y completar la validación ante ARCA.

La diferencia entre el proyecto original y el reglamento también obliga a revisar las primeras estimaciones de impacto: el 3% inicial no se aplicará de manera general. La distribución entre 1% y 2,5% modifica el volumen de recursos que recibirá cada fondo y el monto que dejará de ingresar al circuito previsional por esta vía.

La cuenta es de la empresa, no del trabajador

Cada empleador tendrá una cuenta individual dentro del fondo, pero el dinero no estará dividido ni identificado por trabajador. La cuenta corresponde a la empresa y funciona como respaldo para afrontar obligaciones laborales ante eventuales desvinculaciones.

El documento establece que cada cuenta tendrá carácter de patrimonio separado, inembargable e inajenable, con registros de las contribuciones obligatorias, los rendimientos obtenidos, los retiros realizados y los gastos de administración. Así se puede seguir la evolución de los recursos de cada empleador, pero no constituye un ahorro personal del trabajador ni le da titularidad sobre una parte del fondo.

El trabajador no podrá decidir qué hacer con esos recursos, retirarlos ni trasladarlos a una cuenta propia cuando cambie de empleo. El dinero queda afectado exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones legales y lo administra la entidad que eligió el empleador.

El reglamento indica que los recursos podrán usarse solo para los pagos contemplados en el artículo 58 de la Ley de Modernización Laboral. No se admiten rescates para otros fines ni retiros ordinarios de las cuotapartes. El empleador podrá pedir el uso de los fondos cuando se produzca una desvinculación comprendida en el régimen y se cumplan los requisitos.

El requisito de los 12 meses y el límite de la informalidad

Para que el FAL se pueda utilizar, la relación laboral deberá haber estado registrada y declarada durante al menos 12 meses antes de la extinción del vínculo. Con registración deficiente, los recursos solo podrán aplicarse a la proporción de las obligaciones que corresponda a los datos efectivamente declarados.

El reglamento excluye expresamente la cobertura de trabajadores no registrados. Si una empresa tiene personal en negro o declara salarios inferiores a los que paga, el fondo no cubrirá las obligaciones de la parte no declarada. La responsabilidad por el pago completo seguirá en cabeza del empleador, pero el mecanismo financiero no funcionará como respaldo en esos casos.

Qué puede comprar el fondo y qué riesgo corre

Entre las inversiones habilitadas figuran títulos de deuda del Estado nacional, bonos de provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, plazos fijos y obligaciones negociables de empresas privadas. Los instrumentos deberán cumplir requisitos de autorización y calificación del Ministerio de Economía y la CNV.

La cartera estará restringida a activos emitidos y negociados en la Argentina, integrados y pagaderos en pesos. No se podrá invertir en instrumentos cuyo activo subyacente se emita o negocie en el exterior. El reglamento fija límites para evitar concentración en determinados emisores y exige mantener al menos el 10% del patrimonio en activos de alta liquidez y bajo riesgo de mercado.

Esas restricciones no implican capital garantizado. El propio documento de Mercado Pago advierte que el valor de las cuotapartes puede fluctuar según el mercado y que esas variaciones pueden generar pérdidas sobre el capital invertido.

En el apartado de riesgos, la sociedad gerente aclara que ni ella ni Banco Industrial garantizan la rentabilidad de los activos, la solvencia de sus emisores ni la existencia de un mercado líquido para venderlos. También precisa que las inversiones en el fondo no son depósitos bancarios y, por lo tanto, no cuentan con las garantías de ese tipo de colocaciones.