El Ejecutivo de Merlo vuelve a la carga por un descubierto de $500 millones y la oposición ya presentó su dictamen para frenarlo. Tres argumentos legales y un dato sobre la garantía que compromete plata de todos los merlinos.
El Ejecutivo de Villa de Merlo intentará este jueves reabrir en el Concejo Deliberante la discusión por un giro en descubierto de hasta $500 millones con el Banco Supervielle, pese a que una iniciativa similar fue rechazada el 20 de octubre. La jugada ya tiene respuesta: tres concejales de la oposición presentaron un dictamen de minoría para bloquearla.
Lucía Miranda, del Frente Justicialista; Daniel Orué, del Socialismo Merlino; y Ana Laura Ferrarotti, del Colectivo Comechingones firmaron el documento contra el proyecto que autoriza un acuerdo transitorio en cuenta corriente con la entidad bancaria.
Los tres ejes del rechazo
El dictamen opositor se sostiene en tres objeciones. La primera es reglamentaria: según los firmantes, el artículo 80 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante prohíbe volver a tratar durante el mismo año legislativo un proyecto que ya fue desechado. Para los ediles, la nueva presentación reproduce la propuesta que no reunió los votos necesarios en la sesión del 20 de octubre.
El segundo cuestionamiento apunta a la Constitución de San Luis. Miranda, Orué y Ferrarotti invocan el artículo 258, inciso 12, y consideran que la operación bancaria choca con las restricciones constitucionales para contraer deudas destinadas a financiar gastos habituales de la administración municipal.
El tercer eje es el destino de los fondos. De acuerdo con el dictamen, el dinero podría usarse para pagar salarios, proveedores y contratistas. También se menciona el financiamiento de obras públicas, aunque los concejales advierten que no se identifican los trabajos que recibirían esos recursos.
Interés variable y coparticipación como garantía
La tasa de interés variable prevista para el descubierto es otro de los puntos de controversia. Los opositores cuestionan el costo financiero de la operación y remarcan que la garantía estaría constituida por ingresos municipales provenientes de la coparticipación.
Para los firmantes, la medida revela una "absoluta improvisación en la administración de los fondos públicos". Sostienen que los compromisos operativos deben resolverse con una gestión eficiente de los recursos y no sometiendo al Municipio a un "endeudamiento usurario con entidades financieras que compromete los recursos futuros de los merlinos".
El antecedente que pesa
La discusión llega después de la derrota legislativa que sufrió el oficialismo el 22 de octubre, cuando el Concejo rechazó tres proyectos de financiamiento que, en conjunto, sumaban $1.900 millones. Esa votación dejó a la vista las diferencias dentro del cuerpo y obligó al Ejecutivo a revisar su estrategia para conseguir recursos en medio de las dificultades financieras de la Municipalidad.
En el nuevo dictamen, los tres concejales también cuestionan la planificación económica del gobierno local. Argumentan que las obligaciones habituales deberían afrontarse administrando los ingresos disponibles y no recurriendo al crédito bancario.
Como alternativa para atender los compromisos salariales, mencionan los adelantos de coparticipación provincial, un mecanismo al que, según afirman, la Municipalidad ya recurrió antes.
