El Concejo de Merlo aprobó el descubierto de $500 millones entre gritos, acusaciones de mentiras y un desafío a la Justicia. Lo que se dijo puertas adentro de la sesión que nadie esperaba.
La sesión ordinaria del jueves en el Concejo Deliberante de Villa de Merlo quedó marcada por un cruce de acusaciones de mentiras y desestabilización que atravesó todo el debate por el descubierto bancario de $500 millones pedido por el Ejecutivo municipal.
El oficialismo consiguió aprobar la autorización, pero la discusión derivó en un enfrentamiento abierto entre los bloques, con reproches sobre trayectorias políticas y denuncias de maniobras para perjudicar al gobierno local.
La sesión tuvo además un condimento particular: fue la primera que presidió Leonardo Rodríguez tras casi dos años como intendente interino. Su retorno al recinto coincidió con una votación que volvió a partir aguas entre oficialismo y oposición.
El cruce entre Álvarez y Miranda
La concejala justicialista Lucía Miranda puso en duda la legalidad de la operación y acusó al oficialismo de disfrazar de simple movimiento de caja lo que, a su criterio, es un crédito. Para ella, el proyecto necesitaba una mayoría de dos tercios para salir aprobado.
"Déjenle de mentir a la gente", lanzó Miranda, que también apuntó contra las cuentas municipales: mencionó compromisos impagos con proveedores y con bomberos voluntarios, y cuestionó el dinero destinado a comunicación y eventos.
Del otro lado respondió María José Álvarez, presidenta del bloque oficialista, con una frase que quedó grabada en la sesión: "Realmente estoy sorprendida de la caradurez de la concejala Miranda".
Álvarez recordó el paso de Miranda por una administración municipal anterior, a la que calificó como una de las peores de la historia de la ciudad. Según su relato, esa gestión dejó empleados sin cobrar y aprobó loteos con irregularidades que todavía se revisan.
La concejala radical también sostuvo que la oposición miente sobre la naturaleza de la operación bancaria: "Mienten, mienten como lo hicieron con la denuncia falsa de usurpación de título y cosas que inventan".
Para Álvarez, el descubierto no implica endeudamiento público. Y redobló la apuesta: desafió a los opositores a llevar el tema a la Justicia y hasta se ofreció, por su condición de abogada, a sumarse a la defensa jurídica de la medida.
"Mentiras para desestabilizar"
La concejal Patricia Morandé también salió a respaldar la autorización bancaria. Explicó que el descubierto es una operatoria habitual de tesorería y atribuyó los problemas recientes a cambios en las exigencias para poder utilizarlo.
Después apuntó directamente contra quienes lo rechazaban y los acusó de impulsar cuestionamientos para golpear políticamente a la gestión.
"Son mentiras, de vuelta a las mentiras para desestabilizar, para generar, alterar la paz social, eso es imperdonable", afirmó.
Álvarez volvió a la carga y vinculó a los opositores con Alberto Rodríguez Saá: "Dejen de ser egoístas, dejen de pensar y cumplir órdenes de Alberto Rodríguez A. Basta, córtenla, quieran a la Villa de Merlo".
La votación no calmó los ánimos
Rodríguez puso a consideración una moción para cerrar el debate, que se aprobó por mayoría, y luego sometió el proyecto a votación. El resultado fue de seis votos a cuatro, pero desde la oposición volvieron los cuestionamientos por la mayoría que se necesitaba para aprobar una operación que consideran un crédito.
Las intervenciones siguieron después de la votación. Morandé insistió con la legalidad del descubierto mientras otros concejales pedían poder responder, y el presidente del cuerpo tuvo que pedir varias veces que los intercambios se dirigieran a la presidencia y que no hubiera diálogo directo entre los ediles.
Finalmente pudo hablar Mauricio Lamas, de La Libertad Avanza, que leyó cuestionamientos vinculados con la Ley de Contabilidad de San Luis. Sostuvo que el nombre administrativo que se le dé a la operación no cambia su naturaleza jurídica y ratificó su voto negativo.
La controversia dejó además un saldo institucional: en la misma sesión ingresó un pedido de Lamas para obtener un dictamen técnico sobre la validez jurídica del acuerdo bancario. El requerimiento fue girado por unanimidad a la Comisión de Economía y Gobierno.
