Metrodelegados detenidos: quién dio la orden que Macri reivindicó y no figura en ninguna causa

La detención de los dirigentes del subte este martes no tuvo respaldo en una orden judicial ni en un expediente previo, según surge de las actas que firmó la auxiliar fiscal Natalia Pla, a las que accedió El Destape. La medida, que el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri asumió como propia, fue dispuesta por una funcionaria de rango menor y después de que una delegación policial informara a un trabajador que la orden había sido oral: trasladar al responsable del levantamiento de molinetes en la línea B, que duró una hora, aunque no existiera ninguna causa abierta.

Qué dicen las actas y qué no dicen

Los documentos firmados por Pla solo registran la presunta falta de “desobediencia a cargas procesales, artículo 243” como motivo para ordenar la detención. Primero fue el delegado Facundo Heredia y el dirigente Claudio Dellecarbonara; después, el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Agtsyp), Néstor Segovia.

Ni las actas judiciales ni las averiguaciones que hicieron después los abogados del sindicato mencionan una causa previa que explique por qué la Policía de la Ciudad estaba en la estación.

“No existió una orden de ninguna fiscalía para que se procediera a la identificación de ningún trabajador y menos una detención. No hay algo así como un delito precedente que pueda justificar que la Policía de la Ciudad fuera a pedir el nombre de un delegado”, dijo a este medio Luis Orellana, abogado del gremio y de los acusados.

Orellana contó que le propuso a uno de los responsables del operativo que dejaran el pedido por escrito y que él mismo llevaría al trabajador a comparecer cuando lo citaran. “Eso mismo le dije a la fiscal pero me lo rechazó, quiere que llevemos a un detenido”, relató sobre la respuesta del uniformado.

Protesta, molinetes levantados y el operativo en la estación Rosas

El episodio comenzó con un levantamiento de molinetes de una hora en la línea B. La conducción de Agtsyp lo resolvió en respuesta a una serie de medidas disciplinarias y a un aparente hostigamiento que un jerárquico nuevo había impuesto sobre el personal en los últimos días.

La intervención policial llegó cuando la medida ya había terminado, después de las 8. La delegación policial a las órdenes de la auxiliar fiscal se presentó en la estación Juan Manuel de Rosas para reclamar la identificación del responsable de la protesta.

Los policías no lograron aprehender a un delegado al que habían consultado primero y tuvieron un cruce de palabras con Heredia y Dellecarbonara. Entonces decidieron llevárselos detenidos a disposición de Pla. Luego hicieron lo mismo con Segovia, que permaneció una hora esposado dentro de un patrullero, y con un trabajador aeronáutico que había ido a la estación Rosas para protestar por las otras detenciones.

De Celsa Ramírez a Natalia Pla: cómo se conoció la verdadera firma

En las primeras horas se creyó que la orden había salido de la fiscal Celsa Ramírez, conocida por los metrodelegados por sus sucesivas medidas contra los trabajadores y sus representantes. Ramírez llegó a imputar como presuntos miembros de una asociación ilícita a más de 180 representantes de trabajadores, es decir, el grueso de Agtsyp.

Con el correr de las horas se supo que la orden había sido de Pla, auxiliar de la fiscal Mariana De Minicis.

El mensaje de Macri y las falsedades que contiene

A las 11.31, cuando el sindicato ya había decretado un paro en todas las líneas hasta la liberación de los dirigentes, Macri publicó en su cuenta de X: “Metrodelegados presos por parar el subte. En mi gestión, las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas. El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”.

El posteo contiene varias falsedades: no hubo ningún bloqueo, solo un levantamiento de molinetes por una hora, y la huelga se declaró después de las detenciones. El perjuicio a los usuarios derivó de la orden fiscal que contó con la anuencia de Macri.

Además, el jefe de Gobierno parece reconocer que la orden de detención corrió por su cuenta, cuando en teoría no tiene facultades para disponerla.