Mientras el Senado debate flexibilizar la Ley de Tierras, en Tierra del Fuego van a contramano: quieren blindar el campo

En plena discusión nacional por la reforma que busca abrir la puerta a capitales extranjeros en el campo argentino, la Legislatura fueguina recibió un proyecto que va en sentido inverso: reforzar los controles para evitar la extranjerización de tierras rurales estratégicas.

El legislador Juan Matías Lapadula presentó una iniciativa que crea un régimen especial de protección del patrimonio territorial, la soberanía y el patrimonio rural fueguino. El objetivo es impedir que manos extranjeras se adueñen de áreas clave para la defensa, el ambiente y los recursos naturales.

¿Por qué Tierra del Fuego quiere blindar sus tierras?

El proyecto se apoya en un fuerte argumento geopolítico. En sus fundamentos, sostiene que la tierra "no constituye una mercancía cualquiera", sino el soporte sobre el que se ejerce la soberanía. Además, destaca la condición única de la provincia como bicontinental, puerta de entrada a la Antártida y parte del territorio sobre el que Argentina mantiene el reclamo por Malvinas.

La propuesta declara al territorio provincial como un activo estratégico de interés público y establece un régimen de control para toda operación que implique la compra, transmisión o cambio de control de tierras rurales consideradas estratégicas.

Las medidas clave del proyecto

Entre las principales disposiciones se encuentran:

- Identificación del beneficiario final de las operaciones, incluso si intervienen sociedades o fideicomisos.

- Creación de un Registro Provincial de Titularidad de Activos Territoriales Estratégicos.

- Conformación de un Comité Asesor integrado por organismos técnicos, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y el CADIC-CONICET.

- Nulidad de los actos que se realicen en violación de la futura ley.

Uno de los puntos más fuertes es que toda operación sobre tierras rurales estratégicas que pueda afectar intereses públicos deberá ser autorizada por la Legislatura con el voto favorable de dos tercios de sus miembros, luego de una evaluación técnica que contemple impactos territoriales, ambientales, hídricos, científicos y de defensa nacional.

La iniciativa también lista las áreas consideradas estratégicas: áreas naturales protegidas, bosques nativos, turberas, humedales, reservas hídricas, cabeceras de cuencas, sectores costeros, sitios de interés científico y espacios vinculados con la defensa nacional. Allí, las operaciones quedarán sujetas a un régimen especial de protección.

El contraste con el proyecto nacional

Mientras en la provincia se refuerzan los controles, el Gobierno nacional impulsa una reforma que el Senado tratará el 6 de agosto. Esa iniciativa propone eliminar el límite del 15% para la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros, flexibilizar las restricciones en zonas de frontera y cuerpos de agua, y limitar la definición de extranjero prácticamente a los Estados, permitiendo que corporaciones y fondos de inversión operen sin restricciones.

Además, incorpora el silencio administrativo positivo: los permisos se considerarían aprobados automáticamente si la autoridad no se pronuncia a tiempo.

El proyecto fueguino va en dirección contraria: amplía las herramientas de fiscalización, exige transparencia sobre los dueños reales, incorpora evaluaciones ambientales y geopolíticas obligatorias, y reserva a la Legislatura la última palabra.

En los fundamentos, la iniciativa afirma que "no existe desarrollo económico posible sin soberanía territorial" y rechaza cualquier política que considere la tierra rural solo como un activo económico, sin su dimensión estratégica, ambiental y geopolítica.