Mientras Uber y DiDi ignoran al municipio, Cabify ya anotó a 200 choferes

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dio un paso más en su pulseada con las aplicaciones de transporte: inició actuaciones administrativas contra Uber y DiDi por no cumplir con las ordenanzas que regulan el servicio y ahora evalúa qué multas les aplicará. Así lo confirmó el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, quien remarcó que ninguna de las dos presentó la información exigida.

"Uber y DiDi brillan por su ausencia", disparó el funcionario. Según detalló, el municipio ya completó las intimaciones y trabaja en la determinación de los montos de las sanciones. "Hemos llevado adelante la concreción de un expediente administrativo con las intimaciones que el caso requiere", sostuvo Arnedo.

Entre los incumplimientos que se les imputan a las plataformas figuran la falta de constitución de un domicilio fiscal y la obligación de remitir y actualizar cada 30 días el padrón de conductores y vehículos.

Cabify, la excepción

El panorama no es igual para todas. Cabify presentó la información de aproximadamente 200 conductores y prestadores de vehículos, y se convirtió en la única de las tres principales plataformas que respondió a las exigencias municipales.

El conflicto se enmarca en las ordenanzas N.º 5483/2025 y N.º 5484/2025, aprobadas por unanimidad en diciembre pasado. La primera regula el transporte de pasajeros en autos; la segunda, el traslado en motocicletas.

Ante la falta de inscripción de algunas empresas, el Ejecutivo municipal anunció el 28 de agosto que avanzaría con un padrón propio para registrar directamente a conductores y dueños de vehículos. El 1 de octubre, mediante la Resolución N.º 0033/D.S./2026, comenzó a funcionar el Padrón Municipal Digital.

Un trámite obligatorio y gratuito

La inscripción es obligatoria, no tiene costo y estará habilitada hasta el 30 de noviembre. Según informó la Dirección del Sutrappa, unos 400 trabajadores ya completaron el trámite en las primeras dos semanas. Se puede hacer a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDiTuc) o de forma presencial en dependencias municipales.

Los interesados deben presentar documentación personal y del vehículo: licencia de conducir, certificado de reincidencia, Verificación Técnica Vehicular y un seguro para pasajeros. Además, los autos no pueden superar los 13 años de antigüedad y, una vez cumplidos los requisitos, reciben una identificación con código QR.

Arnedo explicó que el objetivo es saber quiénes prestan el servicio y en qué condiciones circulan. Argumentó que el municipio no podía quedarse de brazos cruzados frente al incumplimiento de las plataformas y que, como organismo de contralor, tiene la responsabilidad de supervisar la actividad. "Nosotros queremos que los socios conductores, sin cargo, sin costo y sin canon, se inscriban en un padrón", señaló. También aseguró que la medida no tiene fines recaudatorios y que cuenta con respaldo jurídico.

Respecto de los conductores, el funcionario reconoció que aún no se definieron las consecuencias para quienes no se inscriban antes del 30 de noviembre, aunque insistió en que el empadronamiento es obligatorio para todos los que prestan el servicio.

La pulseada con Argañaraz

La implementación del padrón generó un cortocircuito con el concejal Leandro Argañaraz, quien presentó un proyecto de resolución para frenar la medida. El edil sostiene que la Ordenanza N.º 5483/2025 preveía un registro de empresas, pero no trámites individuales para los conductores. "La responsabilidad es de las empresas, no de los conductores; no podemos cortar el hilo por lo más delgado", cuestionó. Además, consideró que la reglamentación incorpora exigencias que se habían descartado durante el debate legislativo y advirtió que un dictamen del fiscal municipal no puede modificar una ordenanza.

Arnedo rechazó los cuestionamientos y defendió las facultades del Ejecutivo para instrumentar el registro. "Lamento mucho que el concejal Argañaraz, con quien hemos compartido la banca durante dos años y medio, venga aquí a hacer una política barata", expresó. El funcionario vinculó las críticas con el escenario preelectoral y aseguró que el municipio no exige requisitos ajenos a la normativa aprobada por unanimidad.

Argañaraz anticipó que pedirá el tratamiento sobre tablas de su proyecto en la próxima sesión del Concejo Deliberante, aunque cree que el oficialismo podría bloquearlo. También adelantó que analiza otras vías para cuestionar la reglamentación. Así, la controversia deja al descubierto dos interpretaciones sobre el alcance de las facultades municipales para controlar a las plataformas digitales.