Milei anunció por cadena nacional la Ley Malvinas, pero un artículo la hizo tambalear en el Congreso

El proyecto de ley sobre las Islas Malvinas que el presidente Javier Milei presentó por cadena nacional comenzó a perder fuerza en el Congreso. El oficialismo no consiguió reunir las firmas necesarias para emitir dictamen en el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, que estaba previsto para este miércoles.

La iniciativa, bautizada “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, acumuló cuestionamientos de la oposición peronista y también de entidades cercanas al oficialismo, como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

El punto que despertó mayores reparos es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con atribuciones para disponer de las Fuerzas Armadas, clasificar civiles como terroristas y definir cuáles son las “infraestructuras críticas” que requieren defensa militar.

En ese marco, el texto fija penas de entre 5 y 12 años de prisión para quienes, “por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a alterar procesos electorales” o “manipular la opinión pública” mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”.

ADEPA advirtió que algunos pasajes pueden ser objeto de “interpretaciones ambiguas” y generar “efectos inhibitorios” sobre periodistas y medios. “Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural”, sostuvo la entidad. Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) consideró que el artículo sobre desinformación representa “un riesgo concreto para la libertad de expresión”.

El artículo 111, que contiene esas definiciones, ya suma el rechazo del radicalismo y del PRO.

Presiones empresariales y el trasfondo geopolítico

Más allá de las posturas públicas, en las últimas semanas entidades comerciales privadas de Estados Unidos y el Grupo Clarín también hicieron llegar su malestar al oficialismo.

Una fuente legislativa oficial a cargo de introducir modificaciones al texto explicó el problema: “La infraestructura crítica son los fierros, la fibra óptica, el 5G. Pero ¿qué pasa cuando no diferencias la fibra, del prestador y de los contenidos? La discusión que plantean es cómo se respeta la propiedad de red. Si hay una sanción ¿le cerrás al operador? ¿Le cerrás al prestador?”. Y anticipó: “Eso se tiene que aclarar, se tiene que reescribir”.

El Grupo Clarín, a través de Telecom Argentina, utiliza tecnología de Huawei para servicios de conectividad y redes 5G en el país. Por eso, una eventual intervención del Poder Ejecutivo sobre esa infraestructura tendría impacto directo en el multimedios local.

El telón de fondo son las tensiones y presiones de la diplomacia estadounidense en su competencia geopolítica con China. En agosto, el embajador norteamericano Peter Lamelas acusó a Huawei de practicar espionaje para Pekín en Argentina. “¿Por qué en uno de los países más libres no se pueden usar estos dispositivos? Porque no son seguros. Esto es tecnología segura, confiable y transparente. No tecnología con línea directa al Partido Comunista Chino”, dijo Lamelas en un congreso sobre infraestructura.

En defensa del proyecto, la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal Murphy, argumentó: “Establecer un sistema de seguridad nacional no es solamente tomar acciones vinculadas a Gran Bretaña, sino también a otros actores o países, incluso que sean no estatales vinculados a nuestro posicionamiento geopolítico y sobre todo a las amenazas externas”.

La oposición arma su propio dictamen

El arco opositor prepara un dictamen propio que respalda solo los primeros cuarenta artículos, los que endurecen las penas para las empresas que exploren y exploten recursos en las inmediaciones de las Islas Malvinas.

“Hasta el artículo 40 nosotros queremos trabajar juntos, pero de allí en adelante se complica porque está orientado más a la cuestión interna que a la cuestión de la soberanía”, cuestionó el peronista Eduardo Valdés.

Para intentar sumar votos dialoguistas, el oficialismo propone crear una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad, con “la obligación del Ejecutivo de mantener esa interlocución fluida”. La iniciativa, sin embargo, es rechazada por la oposición más dura.

Con este escenario, el debate por la ley Malvinas se posterga al menos una semana. El próximo martes, La Libertad Avanza mostrará los cambios que aceptó ante las críticas, aunque por plazos reglamentarios deberá esperar para llevar el tema al recinto. La aspiración era discutirlo el miércoles 21, pero el respaldo se diluyó.