Milei aprieta a Londres por el petróleo de Malvinas, pero no todos le creen

El presidente Javier Milei ordenó iniciar un proceso de arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en la cuenca de Malvinas. La decisión apunta al proyecto Sea Lion, en la cuenca Malvinas Norte, y llega en un momento en que el Gobierno busca dar señales en medio de una economía que no encuentra respiro.

"Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos", anunció el mandatario al comunicar la medida. El procedimiento está previsto en la Convención sobre el Derecho del Mar, por lo que la intimación al gobierno británico para que frene las actividades petrolíferas tendría un plazo de dos semanas. Si Londres no responde, el Ejecutivo acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El reclamo que incomoda a propios y extraños

La ofensiva diplomática no deja de llamar la atención dentro del propio oficialismo. Milei, admirador confeso de Margaret Thatcher, y un canciller que en su momento no vio con malos ojos que un extranjero comprara una provincia gracias a la ley de Tierras, ahora levantan la bandera de la soberanía con un énfasis que sorprende.

Las encuestas, según el artículo, indican que la mayoría de la población no cree en este repentino vuelco malvinero. Aun así, el presidente parece decidido a usar la causa como una herramienta para ganar popularidad en un contexto económico adverso y a más de un año de las elecciones.

De la ONU al tribunal: el camino elegido

En la Asamblea General de las Naciones Unidas, Milei había calificado de inútil a la organización por no lograr que el Reino Unido se siente a negociar, tal como reclama una resolución de la propia ONU. Ahora, en cambio, recurre a un mecanismo contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La instrucción a los equipos jurídicos es que inicien el arbitraje previsto en el Anexo VII para impedir la explotación de hidrocarburos en Malvinas. El Gobierno sostuvo que la explotación unilateral de los recursos naturales de las islas "es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina".

El anuncio se produce sin ninguna buena noticia para dar y con una economía que no deja de dar señales preocupantes. En ese marco, el reclamo por Malvinas vuelve al centro de la escena como bandera política.