Milei apura la Ley Malvinas y ya tiene fecha para el golpe a las petroleras británicas
Sesenta expedientes abiertos, un régimen de multas en barriles de petróleo y una fecha límite que corre en Hamburgo: el Gobierno quiere llegar al 28 de noviembre con la ley sancionada, pero un artículo del proyecto tiene en vilo la votación.
La Casa Rosada quiere tener lista la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional antes del 28 de noviembre, cuando el Tribunal Internacional del Derecho del Mar lea su resolución sobre la explotación petrolera en las islas. La apuesta oficial: un nuevo régimen de sanciones contra las empresas que operan en el proyecto Sea Lion como herramienta de presión sobre el Reino Unido.
La Libertad Avanza pretende llevar el proyecto al recinto de Diputados el miércoles 18. Pero la sesión todavía no fue formalizada y el oficialismo evalúa una salida poco habitual: votar por capítulos separados para aislar las sanciones de los artículos que generan rechazo entre los aliados y la oposición.
La urgencia que explica el apuro
En el Ejecutivo sostienen que necesitan contar con todas las herramientas jurídicas, administrativas y diplomáticas antes de que los jueces de Hamburgo se pronuncien. La idea es combinar el reclamo internacional con medidas internas contra las compañías que exploten recursos sin autorización argentina.
El apuro tiene un sustento concreto: Cancillería mantiene abiertos procedimientos sancionatorios contra 60 personas humanas y jurídicas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. El Gobierno abrió expedientes contra 45 sujetos en septiembre y después amplió el alcance a otros 15. Esas actuaciones, bajo el área de Malvinas de la Cancillería, todavía no tienen resolución definitiva. En Balcarce 50 buscan acelerarlas y conseguir un marco legal que amplíe las posibilidades de actuar contra empresas, accionistas y proveedores.
Una votación favorable en Diputados enviaría una señal política antes del fallo, aunque no alcanza: el proyecto también necesita la sanción del Senado para convertirse en ley.
Qué cambia con el nuevo régimen
La legislación actual ya tiene dientes. La Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, prevé inhabilitaciones administrativas de cinco a veinte años, sanciones penales para ciertas actividades no autorizadas, restricciones para contratar con el Estado y límites a beneficios impositivos.
El proyecto de Milei propone reemplazar ese esquema por uno más amplio. Alcanzaría distintas actividades de aprovechamiento de recursos naturales y combinaría multas calculadas según el valor de barriles de petróleo, inhabilitaciones, sanciones penales y mecanismos para incentivar el abandono de operaciones consideradas ilegítimas.
La ampliación apunta a empresas y proveedores que intervienen en la explotación de los espacios marítimos disputados. También incluye restricciones para contratar con organismos públicos y un régimen de desistimiento y regularización para quienes dejen las actividades cuestionadas. La Casa Rosada calcula que esas herramientas elevarían el costo de participar en emprendimientos como Sea Lion. Claro que la aplicación de las nuevas penalidades dependerá del texto que finalmente se sancione, de su entrada en vigor y de los procedimientos.
El capítulo que traba todo
El proyecto tiene dictamen de mayoría desde fines de octubre, pero el oficialismo no logró cerrar un acuerdo por el Título VII, el que modifica disposiciones electorales y penales vinculadas con la injerencia extranjera. Provincias Unidas, Argentina Federal y otros legisladores dialoguistas piden eliminarlo o tratarlo por separado. En el Gobierno se resisten a sacarlo y ofrecieron cambios en la redacción.
La diferencia amenaza con complicar la votación que la Casa Rosada quiere antes del pronunciamiento internacional. Por eso evalúa la votación por capítulos: el Reglamento de la Cámara lo permite si lo acuerda la Comisión de Labor Parlamentaria o el pleno. La intención es que los cuestionamientos a las modificaciones electorales y penales no bloqueen las sanciones por Malvinas. El Gobierno espera que sectores que rechazan buena parte de la iniciativa acompañen al menos las disposiciones para penalizar la explotación de recursos sin autorización argentina.
La estrategia contempla sumar votos del peronismo para el régimen sancionatorio, aunque no hay acuerdo parlamentario con Unión por la Patria. En esa bancada aseguran que no hubo conversaciones con el oficialismo sobre una votación por capítulos y que el procedimiento se discutirá cuando se convoque a la sesión. También advierten que el tratamiento del miércoles 18 no fue formalizado. El bloque tiene su propia propuesta centrada en Malvinas y comparte el objetivo de sancionar las actividades cuestionadas, pero rechaza otras modificaciones del texto oficialista.
La resistencia también abarca el capítulo que introduce figuras penales por campañas de injerencia extranjera y cambios al régimen de partidos políticos. Los aliados advierten que algunas disposiciones podrían afectar la libertad de expresión y cuestionan la amplitud de las conductas previstas. El Gobierno incorporó exclusiones para la actividad periodística, la investigación académica y la representación abierta de intereses, pero no alcanzó para conformar a los legisladores. Las modificaciones electorales necesitan 129 votos afirmativos en Diputados, una mayoría que el oficialismo no tiene asegurada.
La carta de Hamburgo
Todo esto ocurre a menos de dos semanas del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que recibió el pedido argentino para frenar las actividades de Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo.
La Argentina reclamó medidas provisionales para impedir nuevas perforaciones de explotación e instalaciones productivas, restringir el uso de información obtenida durante la exploración, preservar el medio marino y evitar nuevas autorizaciones que agraven la controversia. La fecha tentativa de lectura de la resolución es el sábado 28 de noviembre.
El desarrollo Sea Lion lo impulsan Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que proyectan perforar durante 2027 y comenzar la producción comercial en 2028. La defensa argentina sostuvo que la extracción podría producir perjuicios irreparables sobre recursos no renovables y alterar la situación existente antes de que el arbitraje internacional pueda actuar. El Reino Unido rechazó esos argumentos y pidió que se desestimen todas las medidas, al cuestionar la jurisdicción preliminar del futuro tribunal arbitral y la existencia de una urgencia que justifique intervenir.
En la Casa Rosada reconocen que están preparados para seguir el reclamo ante el tribunal arbitral incluso si Hamburgo rechaza las medidas provisionales. La Argentina inició un procedimiento bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla un tribunal de cinco árbitros. Ese órgano deberá examinar su propia competencia y, si corresponde, resolver las pretensiones del arbitraje. También podrá recibir solicitudes de medidas provisionales una vez constituido.
El Gobierno contempla tres escenarios para el 28 de noviembre: una decisión favorable, medidas parciales o un rechazo. En el Ejecutivo consideran que la eventual falta de jurisdicción preliminar es una de las alternativas posibles, aunque evitan anticipar la posición de los magistrados. La decisión tampoco resolverá la soberanía sobre las islas, que no forma parte de las pretensiones de esta instancia. Una negativa a dictar medidas urgentes no implica necesariamente que el procedimiento arbitral haya terminado, aunque sus fundamentos serán determinantes para los próximos pasos.
Una ofensiva con varias frentes
La jugada también tiene una dimensión política y diplomática. El Gobierno quiere usar la Ley Malvinas para elevar el costo económico y jurídico de las operaciones petroleras, mientras sostiene las actuaciones de Cancillería y el reclamo internacional. El proyecto fue impulsado desde el entorno de Santiago Caputo y atravesó negociaciones internas por la integración del órgano de coordinación estratégica, los controles parlamentarios y el alcance de las nuevas figuras penales.
La discusión seguirá la próxima semana: la mesa política está convocada para el martes 17 y el objetivo es sesionar en Diputados al día siguiente. La Casa Rosada busca sumar una señal legislativa antes del fallo de Hamburgo y mantener la presión sobre las empresas más allá de lo que decidan los jueces. En el Ejecutivo insisten en que la estrategia es multifocal y que agotarán las instancias disponibles, tanto en el arbitraje como en las actuaciones administrativas y diplomáticas. El desafío inmediato será conseguir los votos para separar las sanciones de los artículos más resistidos. La decisión del 28 de noviembre marcará el siguiente paso de la ofensiva jurídica, pero en Nación aseguran que el reclamo continuará incluso ante una resolución adversa.
Foto: Cancillería / X (@ITLOS_TIDM)